Fue día de visita y Gabriela Zapata estaba en el patio del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. Ayer decidió hablar con La Razón para pedir que se investigue a todos los presuntos implicados en el llamado caso CAMC, como se hace con ella.
Desde el domingo por la tarde, la expareja del presidente Evo Morales está detenida en ese penal. La Fiscalía la acusa de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.
Pálida, con poco maquillaje, con los ojos llorosos y tras superar susceptibilidades, accedió a hablar con este diario con la condición de no abordar temas vinculados con sus hijos, aunque sí demandó garantías en favor de su familia.
Luego de hacer varias llamadas desde el teléfono público del patio de esa cárcel, se sentó en una esquina. “Estoy aquí por gente que tiene miseria humana”, afirmó al comenzar la charla la exgerente comercial de la firma china CAMC, cuyo nombre salió a la luz cuando el presentador Carlos Valverde denunció “tráfico de influencias” por la existencia de un hijo entre Morales y Zapata (este aspecto fue puesto en duda por el Mandatario).
Esta denuncia derivó en la conformación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, al tiempo que el Jefe del Estado pidió a la Contraloría indagar sobre este caso. La empresa china firmó con el Estado nueve contratos de construcción por algo más de $us 500 millones en rubros referidos a la producción de litio, azúcar y líneas férreas, entre otros.
Con la voz entrecortada, pero con la mirada firme, Zapata aseveró ser inocente y pidió procesar a los verdaderos responsables de los ilícitos que hoy le endilgan. “Ojalá harían la investigación con otras personas, como lo hicieron conmigo”, reclamó.
La Fiscalía sostuvo que Zapata gestionó contratos para CAMC, en oficinas de la Unidad de Apoyo a Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, por lo que “tuvo réditos económicos”, incluso, haciéndose pasar por funcionaria estatal, lo que le permitió mantener una relación con empresarios y cerrar los tratos, según señala la imputación formal en su contra.
entrevista. Por este hecho, la exdirectora de la unidad gubernamental Cristina Choque también fue imputada y enviada al mismo penal. “La Justicia está parcializada (…), estoy preparando mi defensa”, se limitó a decir ayer esta acusada ante la consulta de La Razón.
Aunque ambas mujeres están en el mismo penal, no cruzan palabra alguna y guardan distancia. Ante la acusación de la Fiscalía, Zapata se limitó a sonreír y hacer una mueca. Guardó silencio e insistió en que esos temas los hablará en su momento, con las respectivas pruebas. “Me detuvieron ilegalmente”, remarcó y así empezó a recordar lo que pasó el 26 de febrero cuando la arrestaron en la zona Sur de La Paz. “Me amedrentaron durante tres días; me seguían desde mi casa (…) hasta que salí del auto, les saqué fotos y me subieron a una vagoneta negra; eran dos policías de la seguridad del Comandante General de la Policía (general Édgar Téllez). Me quitaron mis celulares, me secuestraron”, indicó.
Ese día, Zapata fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y a cinco minutos de cumplirse las ocho horas de aprehensión, la Fiscalía hizo llegar la imputación.
En su cuarto día de detención, la expareja del Presidente aseguró que “no es justa la condición” en la que le privaron de su libertad. Agregó que duerme con la población carcelaria y realiza todas las labores que hacen “las nuevas”; explicó que usa chinelas por normas del COF, que prohíben el uso de zapatos.
“Por las cosas que he vivido, no me hago lío de dormir donde sea”, añadió la mujer. Otra interna expresó que Zapata no se junta con la población y que, desde que llegó, pasa la noche en la enfermería. Antes de cerrar la charla, Zapata demandó garantías para sus padres y hermanos. Remarcó que se siente “amedrentada” luego que el vicepresidente Álvaro García Linera optara por vincular a sus allegados con políticos de la oposición.
Ferreira: Usó el certificado de su hijo
Según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, el “modus operandi” de Gabriela Zapata era usar el certificado de nacimiento del hijo que tuvo con el presidente Evo Morales para lograr influencias en algunos ministerios y gestionar la firma de contratos en favor de la empresa china CAMC.
“Hacía audiencia con empresarios y alguna gente le creía (…), no son ministros actuales (…), esto no quedará así”, expresó la autoridad. Ferreira afirmó que se propició la detención para evitar que Zapata huyera del país, porque había la certeza de que hizo contactos para irse a Brasil. “Iba a escapar, ya había movido $us 10.000 sin justificación”, manifestó.
El caso Zapata y la pesquisa a CAMC
Entre rejas: La estadía en la cárcel de Obrajes
– Una interna contó a La Razón que Gabriela Zapata no convive con la población; señaló que incluso cuando por sorteo le tocó ir a la cocina, pagó a otra reclusa para hacer esa labor.
Servicio comunitario: Llevó comida a reclusas aisladas
– Si bien se libró de cocinar, el lunes no pudo rehuir el llevar comida a reclusas que están en aislamiento por mala conducta, relató otra interna del COF.
Recurso legal: Zapata no podrá presentar a su hijo
– Wálter Zuleta, abogado de Gabriela Zapata, dijo a La Razón que existe un recurso ante el juez de familia que le prohíbe publicar imágenes del hijo que tuvo con Evo Morales.
Leonardo Anaya: Gerente de Misicuni
– La Contraloría, por sí misma, llegó a la empresa Misicuni y solicitó toda la documentación en original (del contrato con CAMC). Se le ha entregado y ya trabaja.
Milton Barón: Senador (MAS) que investiga CAMC
– La Asamblea nos dio 90 días de plazo para el informe, pero dentro del cronograma está la conclusión del trabajo hasta el 23 de mayo, es decir, antes del plazo.
Álvaro García Linera: Vicepresidente del Estado
– Hay otros tres contratos; si no cumplen las especificaciones técnicas, vamos a rescindirlos; apenas haya violación de las normas, vamos a ejecutar la boleta de garantía.
