El Defensor del Pueblo, Rolando Villena pidió hoy al Órgano Ejecutivo la apertura de una mesa de diálogo con la dirigencia de las personas con discapacidad que se encuentran realizando medidas de presión desde fines de enero sin que hasta la fecha hayan sido escuchadas por las autoridades demandadas.
“El gobierno no puede actuar con tanta insensibilidad, especialmente con las personas con discapacidad que durante tantos años han sido desatendidas y discriminadas”, señaló el Defensor al explicar que esta actitud de las autoridades se constituye en una vulneración a los derechos constitucionales que establecen el derecho a la petición y a una respuesta oportuna cuando reclaman derechos o plantean demandas.
Asimismo, la autoridad informó que desde el inicio de la vigilia en las puertas de la Gobernación de Cochabamba, la representación defensorial en ese departamento ha realizado un acompañamiento a las gestiones de las personas movilizadas, primero ante las autoridades locales y luego con el envío de notas a los Ministerio de la Presidencia y de Justicia, instancias a quienes se les demanda atención en este conflicto.
Pese a que se entregó una carta de la dirigencia del movimiento, dirigida al Ministro de la Presidencia y las notas remitidas por la propia Defensoría del Pueblo, “hasta la fecha no han sido respondidas y ni siquiera parece haber voluntad para dialogar, lo que parece mostrar la tendencia de la actual administración gubernamental de esperar a que los problemas se agraven para recién intervenir”, manifestó.
En las cartas enviadas al ministro Juan Ramón Quintana y a su colega Virginia Velazco, el pasado 2 de marzo, Villena señala que “con la finalidad de prevenir posibles daños en la integridad física de las personas en conflicto, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, solicito a su autoridad pueda canalizar el diálogo con este grupo población en cuestión”
Asimismo, les hace conocer que la representación defensorial de Cochabamba, canalizó reuniones interinstitucionales en las que participaron instancias públicas vinculadas al tema, a fin de contribuir a que se establezca un diálogo entre las partes encontradas y se suspendan las medidas de presión que llevan adelante las personas con discapacidad desde hace muchos días.
El Defensor, tras remarcar la urgencia en sentar las bases para iniciar un diálogo, señaló la disponibilidad de la institución para llevar adelante gestiones que puedan viabilizar un acercamiento entre las autoridades gubernamentales y las dirigencia de las personas con discapacidad.
Se cumplen 40 días desde que un grupo de personas, con capacidades diferentes, inició la vigilia en puertas de la Gobernación para exigir al Gobierno la entrega de un bono mensual de Bs 500. Por falta de respuesta, trasladaron su demanda hasta el puente Viaducto, desde donde, por tercera vez, cinco de ellos se mantienen colgados en sus sillas de ruedas.
“Ya que ni nuestro Gobernador ni nuestro Gobierno nacional nos escuchan ni dan respuesta a las demandas, hemos decidido trasladarnos aquí, estar colgaditos, a ver si así nos atienden. La medida será permanente en el puente Viaducto”, comentó Rosemary Coarita, dirigente del sector, el 4 de marzo.
