El procurador del Estado, Héctor Arce, afirmó está tarde que la Procuraduría General actuará en el caso CAMC en caso de que la Comisión Multipartidaria, encargada de investigar denuncias de tráfico de influencias, encuentre evidencias de daños económicos al Estado.
“Una vez que la Comisión termine su trabajo, presente su informe final y si hay evidencia de actos delictivos y posible daño económico al Estado, con responsabilidad de autoridades, exautoridades y particulares, ahí corresponde operar a la Procuraduría”, explicó.
El caso CAMC salió a la luz pública tras la denuncia del periodista Carlos Valverde de un supuesto tráfico de influencias a partir de la relación sentimental del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata, hoy exfuncionaria de la firma china con contratos superiores a los $us 500 millones.
Zapata fue enviada a la cárcel por uso de bienes públicos con fines privados. El Ministerio de la Presidencia denunció que la acusada usó ambientes de la Unidad de Gestión Social, bajo la administración de Cristina Choque, hoy también en la cárcel.
La Asamblea Legislativa Plurinacional formó una Comisión Multipartidaria para investigar las denuncias a solicitud de Morales, quien también pidió a la Contraloría General iniciar otra investigación.
Arce recordó que en este caso actuará como ocurrió con los informes legislativos sobre los procesos de privatización y capitalización, entre 1989 y 2000, que estableció daños económicos al Estado, en los casos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) y la Fundación para la Producción (Funda-Pro).
“Ese mismo criterio se aplica en el caso de CAMC”, insistió Arce y aclaró: “Hay que ver el informe, cuál será la determinación que llegue. Puede ser contra exautoridades o personas particulares”.
En febrero, el Banco Nacional de Bolivia (BNB) y el Banco Bisa entregaron al Gobierno cheques por $us 22,8 millones por la ejecución de las boletas de garantía contra CAMC, por el incumplimiento del contrato de construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero.
Diferentes autoridades de Gobierno afirmaron que la ejecución de las boletas de garantías muestran la inexistencia de tráfico de influencias.
