La Gobernación de Santa Cruz busca dejar sin efecto la Ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera por considerarla confiscatoria. Esta institución presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.
La Ley 319 establece que el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), antes de su correspondiente distribución. La Cámara de Senadores sancionó la norma el 9 de diciembre de 2015 y el Ejecutivo la promulgó días después.
El secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Roca, quien presentó ayer la demanda en Sucre ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a nombre del gobernador Rubén Costas, afirmó que la confiscación de recursos afecta a la ejecución de obras en materias de salud, educación y caminos.
“Nosotros consideramos que es una ley inconstitucional, además porque la competencia en materia de hidrocarburos en lo que es exploración y explotación es una competencia privativa, es decir que el Gobierno central, a través de YPFB, no puede ni siquiera delegar ni transferir sus responsabilidades en esta competencia, corresponde a YPFB”, dijo.
DINERO. Roca sostuvo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de los recursos y dividendos que genera por la exploración y explotación de los recursos naturales, debe garantizar los recursos económicos suficientes para que esta actividad siga teniendo frutos en el país.
Recordó que en 2004 el pueblo, a través de un referéndum, determinó que los recursos de los hidrocarburos deben ser utilizados en salud, educación, caminos y obras mediante asignación de recursos a las gobernaciones, alcaldías y universidades. “Entonces ahora el Gobierno, a través de esa ley, está confiscando esos recursos afectando los presupuestos de las gobernaciones y, lo peor, afectando a obras en salud, educación, caminos”.
El 13 de diciembre, a tiempo de confirmar la promulgación de la norma, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que “la ley se acata”. “Ya la ley ha sido firmada por el Presidente. Ley firmada es ley promulgada y, por lo tanto, eso se acata. No hay margen de discusión, de deliberación”, afirmó en rueda de prensa en esa ocasión.
El mismo día, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, enfatizó en que la aplicación de una ley es general. “Es para todos. Por tanto, la ley de incentivos se aplicará a todos los municipios, gobernaciones y universidades”, sostuvo la autoridad.
