La Fiscalía imputó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, exautoridades y servidores públicos por la compra, en 2007, de 40 camionetas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que afectó otras partidas, como la de seguridad ciudadana.
En respuesta a esta acción judicial, el asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, Víctor Hugo Áñez, dijo que la reactivación de este proceso por la adquisición de 40 camionetas no es más que una acción política de parte del Gobierno, que está dirigida a la persecución a opositores, producto del resultado del referéndum del 21 de febrero, que dio una victoria al No a la reforma constitucional para que el presidente Evo Morales pueda repostularse en 2019.
La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz en 2010 y la Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía, según un boletín de prensa institucional, formalizar la imputación en contra de Rubén Costas, Roly Aguilera, José Luis Parada, Miriam Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro.
El fiscal Dante Tejerina presentó la imputación contra Costas, Aguilera y Parada por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Limpias es acusada de cometer los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y Soria, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.
Los recursos del IDH deben estar destinados a temas de desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y no la adquisición de vehículos, que para su compra deben ser incorporados en el presupuesto de cada entidad pública. El monto de la compra fue de Bs 6.030.320, detalla el boletín institucional.
Los denunciados obviaron la licitación para la compra de los motorizados y utilizaron al PNUD para su adquisición a través de un programa, con lo que burlaron la norma vigente para los procesos de contratación. A la fecha y a pesar de haber transcurrido más de ocho años, aún no se cuenta con el registro del derecho propietario de las 40 camionetas a nombre de la Gobernación de Santa Cruz.
“(Este caso) tiene rechazo de denuncia y un informe oficial del Instituto de Investigación Fiscales (IDIF), en el que claramente dice que el proceso de adquisición de estos vehículos fue realizado de acuerdo con la norma y con total transparencia”, aseguró Áñez. Añadió que los motorizados fueron usados en la atención de casos de emergencia de entonces. Pero la denuncia sostiene que los vehículos fueron transferidos a otras unidades que no tienen relación con la atención de la seguridad ciudadana ni desastres.
