Tras la activación del juicio por la adquisición de 40 vehículos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el gobernador cruceño Rubén Costas sostiene que el propósito del Gobierno es amedrentarlo, entorpecer su gestión e inhabilitarlo.
“Después de la derrota que ha tenido en el referéndum constitucional (del 21 de febrero) esto no es casualidad (…) me están imputando por investigaciones que han empezado hace siete años”, afirmó el Gobernador cruceño.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, confirmó la imputación en contra de Costas, provisionalmente por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Según Costas, la gran frustración del partido gobernante es que no ha encontrado corrupción y actos irregulares en su gestión y por eso dice que se usó mal las partidas presupuestarias, para acusarlo.
Frente a las denuncias del Gobernador de Santa Cruz, en sentido de que el proceso es una revancha política por la derrota del MAS, Padilla dijo que el Ministerio Público hace un trabajo objetivo y que desde hace tiempo procesan estos casos.
“Las camionetas se compraron para fortalecer la (labor de) seguridad ciudadana y atender emergencias, han hecho una auditoría y lo único que encontraron es una licitación transparente, a través de Naciones Unidas, por la vía de PNUD”, destacó Costas.
La autoridad regional señaló que con la compra de los vehículos se ahorró a las arcas de la Gobernación al menos un 30% del presupuesto, con relación al precio comercial de ese entonces.
Costas indicó que el caso está en manos de sus abogados y que se presentará cuando así lo disponga la Justicia. “Esto no va a distraer nuestra labor administrativa, ya vivimos el juicio por el referéndum autonómico que hicimos del cual salimos absueltos”, sostuvo.
