La detención preventiva solicitada por la Fiscalía de Sao Paulo contra Luiz Inácio Lula da Silva ha puesto contra las cuerdas al expresidente brasileño, acusado de lavado de dinero y falsificación de documentos en un caso de corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS -empresa también salpicada en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
Para Lula, la denuncia es una prueba más de la «parcialidad» de uno de los fiscales responsables por el caso, a quien acusa de utilizar su cargo con fines políticos.
La denuncia, que fue presentada el miércoles ante la Justicia pero cuyo contenido íntegro se filtró hoy a los medios, sostiene que es «imprescindible» ordenar la detención preventiva de Lula porque puede interferir en la investigación criminal.
«Es conocido que (Lula) posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple», señala.
El texto carga con dureza contra Lula y sus seguidores, a los que acusa de promover «maniobras violentas, que son defendidas y hasta apoyadas por la Presidenta de la República» con el objetivo de «blindar al denunciado y presentarlo como un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho brasileño».
Según el fiscal Cassio Roberto Conserino, esta denuncia se enmarca en una investigación iniciada hace «cinco o seis años» para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando traspasó sus obras a la constructora OAS, entre ellas un apartamento por el que la familia de Lula había pagado una cuota inicial.
Pese a que el expresidente alega que renunció al derecho sobre el apartamento y pidió la devolución del dinero, la Fiscalía asegura que la OAS realizó costosas obras en el inmueble encomendadas por los familiares del exjefe de Estado.
Además de Lula y su mujer, la denuncia alcanza a otras 14 personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.
La Fiscalía de Sao Paulo aclaró que su investigación es independiente del proceso abierto por la Justicia del estado de Paraná, que también salpica a Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
No obstante, entre las detenciones solicitadas en la denuncia figuran también las del expresidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, y de Vaccari Neto, que ya fueron detenidos por su implicación en el escándalo de Petrobras.
Pese a que el documento en que se solicita la detención preventiva fue filtrado a la prensa, fuentes de la Fiscalía evitaron pronunciarse sobre el asunto y adelantaron que tampoco los fiscales harán comentarios públicos al respecto.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre la denuncia.
El nuevo avance de la Justicia contra Lula debilita al expresidente, ya en entredicho por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras, y golpea con dureza también al Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, en la cuerda floja ante la posibilidad de que el Congreso le abra un juicio político con fines de destitución.
Rousseff, que se encontraba hoy en Río de Janeiro cuando se filtró el pedido de detención contra Lula, evitó hacer declaraciones a los medios en el primero de los dos actos previstos en su agenda y suspendió el segundo sin explicación.
Mientras, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) salió a arropar a Lula y llamó a la militancia a movilizarse en las calles en defensa de su líder.
