El Gobierno autorizó a la Procuraduría General del Estado realizar contrataciones directas de consorcios jurídicos y abogados nacionales o extranjeros para la defensa del Estado. Además establece dos niveles de confidencialidad, entre ellos de la información generada en las contrataciones por su carácter estratégico a los intereses nacionales.
La decisión está inscrita en el Decreto Supremo 2698, aprobado el 9 de marzo en reunión de gabinete. “El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar a la Procuraduría General del Estado, la Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados; sean nacionales o extranjeros y otros Servicios Especializados”, prevé el artículo 1.
Héctor Arce, procurador del Estado, es –según la norma- responsable de las contrataciones “desde su inicio hasta su conclusión”.
El artículo 5 del decreto fija dos ámbitos de confidencialidad en las contrataciones para la defensa legal del Estado, entre ellos de la información generada en las contrataciones por la naturaleza estratégica de precautelar y defender los intereses nacionales
La Procuraduría también estará exenta de registrar en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) los contratos de servicios, aunque sí deberá remitirlos a la Contraloría General del Estado.
“La Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”, de acuerdo al artículo 2 de la ley 046 de la Procuraduría.
La entidad defendió los intereses nacionales, por ejemplo, en procesos como por la nacionalización de los hidrocarburos.
