El mercado financiero recibió este miércoles (16 de marzo) con cautela el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia del Ejecutivo que comanda su sucesora Dilma Rousseff.
Minutos después de divulgarse la noticia, alrededor de las 13.15 hora local (16.15 GMT), la bolsa de Sao Paulo registraba una caída del 0,84% y el real se depreciaba un 1,46% frente al dólar.
El nombramiento de Lula no ha sido confirmado todavía por el Gobierno, aunque el jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, así lo afirmó en declaraciones a periodistas.
Lula asumirá una de las carteras más influyentes del gabinete, que él mismo comandó entre 2003 y 2011, con la que podrá incidir en las decisiones del PT y de su fragmentada base parlamentaria, lo que podría utilizar frente al eventual juicio político que el Congreso puede retomar contra Rousseff en los próximos días.
Los inversores consultado por Efe reconocieron que temen un giro a la izquierda en la política económica del Gobierno y señalaron que están atentos a los pasos que pueda dar Lula a partir de ahora.
Ante los rumores que ya corrían el martes sobre el nombramiento del ex jefe de Estado, el pregón brasileño se desplomó un 3,56 % al cierre de la jornada del martes y abrió hoy con una bajada del 1,24%.
El real, por su parte, se desvalorizó al término de la sesión un 3,86% frente al dólar estadounidense, mientras que comenzó esta mañana con una depreciación del 1,56%.
Los analistas financieros señalaron a Efe que el mercado atraviesa un «movimiento de incertidumbre» ante el miedo de que, con Lula en el Ejecutivo, se adopten medidas «populistas».
Una lectura a la que se añade la complicada situación judicial del expresidente, investigado por lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, sospechas que llevaron a la Fiscalía de Sao Paulo a pedir su detención preventiva, que todavía no ha sido decidida.
Sin embargo, como ministro, Lula pasará a tener fuero privilegiado, por lo que todas las causas en su contra deberán tramitar en la Corte Suprema, lo que podrá dilatar los procesos.
