El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, denunció el jueves que el incremento del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, que aprobó el Gobierno Municipal de La Paz, incurre en una ilegalidad constitucional porque invade competencias del Órgano Ejecutivo, al grabar las trasferencias por ‘leasing’, y que no midió el impacto que tendrá esa medida sobre la economía de los paceños.
En conferencia de prensa, Arce explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en marzo de 2015, en el que estableció que las transferencias de inmuebles por ‘leasing’ son competencias exclusivas del Gobierno nacional, por lo que es «ilegal» el «impuestazo» que avaló el alcalde paceño Luis Revilla, tomando en cuenta que graba esa acción.
«Ha cometido el señor (Luis) Revilla una ilegalidad al sobrepasar sus competencias del municipio en el cobro y la determinación de un impuesto de competencia nacional», indicó Arce.
La autoridad anunció que el equipo legal del Ministerio de Economía trabajará en la representación legal del caso, tomando en cuenta que la Alcaldía de La Paz invadió competencias nacionales.
Arce dijo que el Ministerio de Economía envió un informe técnico a la Alcaldía de La Paz, antes de que apruebe el «impuestazo», en el que hizo dos observaciones a la norma, una referida a la invasión de competencias y otra que no midió el impacto social y económico que tendría sobre los paceños.
Según el Ministro de Economía, la norma municipal establece un aumento de 203% al impuesto a la transferencia de inmuebles, por ejemplo, si antes se pagaba 12.528 bolivianos por la compra de una vivienda de 417.600 bolivianos, ahora con el «impuestazo» se tiene que cancelar 37.960 bolivianos.
Por otro lado, dijo que la Alcaldía de La Paz elevó también en más del 100% el impuesto a los vehículos y sostuvo que mientras más antiguos sean los motorizados, más impuestos pagarán, por lo que la norma va en desmedro de las personas con menos recursos que no pueden adquirir autos nuevos.
Como ejemplo, explicó que antes del «impuestazo» este año se pagaba 310 bolivianos por el impuesto de una Caldina modelo 2007 y la próxima gestión se hubiera cancelado 260 bolivianos, con una tendencia a la baja porque el valor del motorizado también reducía con el tiempo.
No obstante, señaló que este año se debe pagar, por ese mismo vehículo, 477 bolivianos y la próxima gestión 501 bolivianos, con una tendencia a la alza.
Arce aclaró que el Ministerio de Economía en ningún momento avaló la aprobación del «impuestazo» municipal, como se quiso hacer creer desde esa entidad, porque subir tributos es una atribución que se enmarca de su autonomía, siempre y cuando no invada competencias nacionales o departamentales.
