Colombia dejará de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las demandas territoriales de Nicaragua en detrimento del país sudamericano, anunció este jueves el presidente Juan Manuel Santos.
«He decidido que Colombia no seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia», dijo el mandatario tras conocerse la decisión del alto tribunal de admitir la solicitud de Nicaragua para fijar el «rumbo exacto» de su plataforma continental con Colombia más allá de las 200 millas marinas de la costa del país centroamericano.
La CIJ, principal órgano judicial de la ONU, consideró «admisible» esta demanda de Managua pese a que Bogotá sostenía que este tribunal ya se había pronunciado sobre este asunto en un fallo de noviembre de 2012, y que el caso estaba cerrado.
Según Santos, «en este pronunciamiento -que es de forma- la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo», que motivan la decisión de Colombia de no seguir presentándose ante el tribunal.
«Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional», enfatizó el jefe de Estado en una alocución desde la presidencial Casa de Nariño.
La Corte de La Haya dio este jueves también razón a Nicaragua en una segunda demanda, en la que acusaba a Colombia de incumplir un fallo de la CIJ de septiembre de 2012 sobre los límites marítimos entre ambos países y sostenía que Bogotá ha violado los derechos de Managua en el mar Caribe y la ha amenazado con el uso de la fuerza.
Tras este fallo de septiembre de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá -por el que los países aceptan la jurisdicción de la CIJ en sus diferendos- y cuestionó por tanto la competencia de esta Corte para examinar su litigio con Nicaragua.
Pero en su fallo de este jueves, la CIJ recordó que el Pacto de Bogotá sigue aplicándose al denunciante hasta un año después de realizada por éste la denuncia y, por lo tanto, las demandas «realizadas durante ese año» -como la de Nicaragua en noviembre de 2013- siguen siendo «competencia» de la Corte.
