La izquierda brasileña busca dar una señal de fuerza este viernes (18 de marzo) para resistir a la embestida política y judicial contra la presidenta Dilma Rousseff, poniendo a prueba la movilización de sus bases, cinco días después de una protesta opositora que sacó a tres millones de personas a la calle.
En Sao Paulo la concentración está prevista por la tarde en la céntrica Avenida Paulista, a metros de donde la mañana del viernes la policía desalojó con chorros de agua y bombas de estruendo a unos 150 manifestantes opositores que ocupaban la vía desde el miércoles, cuando arreciaba la crisis política.
Los organizadores de la marcha progobierno – el Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversas organizaciones sociales – habían pedido la víspera que las fuerzas de seguridad «garanticen el derecho de todos» a expresarse públicamente. En los últimos días ya se produjeron algunos incidentes entre partidarios y opositores al gobierno, y la cercanía física de ambos bandos hacía temer enfrentamientos. La movilización fue convocada en unas 30 ciudades, «en defensa de la democracia, de los derechos de la clase trabajadora y contra el golpe», en referencia al proceso de destitución de Rousseff que ya está siendo debatido en la Cámara de Diputados.
Los organizadores de la marcha oficialista apuestan a reunir a unas 100.000 personas en la capital económica y financiera del país, menos de un 10% de los 1,4 millones que desfilaron el domingo para exigir la renuncia de Rousseff.
«Unas 100.000 personas en la Paulista sería un número extraordinario», reconoció el presidente del PT de Sao Paulo, Emidio de Souza. «Estamos en un momento en que se está criminalizando la acción política. Este movimiento [opositor] está dando espacio a grupos nazifascistas», agregó.
En Maceió, situada en el noreste, un bastión del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), varios miles de personas se manifestaban enarbolando banderas rojas del PT y consignas de apoyo a Rousseff.
La crisis política que azota a Brasil, junto a la recesión económica, eclipsaron la imagen de un país emergente pujante, que se apresta a celebrar sus conquistas en los Juegos Olímpicos de Rio en agosto próximo.
Contrarreloj contra el impeachment
La crisis se aceleró esta semana en todos los frentes tras la designación de Lula, investigado por presunta ocultación de bienes en el marco del escándalo Petrobras, como jefe de gabinete de Rousseff.
Lula, de 70 años, fue llamado a ayudar a su heredera política y sucesora a recomponer la base aliada, que hace aguas, para bloquear un proceso de destitución en el Congreso.
La Cámara de Diputados realizó este viernes la primera sesión de las 15 previstas, para que una comisión especial recomiende la apertura o el archivo de un pedido de impeachment.
El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dijo que la Comisión podría dar su parecer en unos «30 días».
«Es mejor que sea rápido para que el país pueda conocer su verdadera agenda. No podemos quedarnos con una única agenda que sea la del impeachment (…) Podría ser en 30 días», dijo Cunha, un acérrimo adversario de Rousseff.
La «operación Lula» estuvo además cerca de zozobrar, por sospechas de que el mandatario se proponía ante todo, asumiendo un cargo ministerial, obtener fueros especiales que lo libraran de las investigaciones del juez anticorrupción Sergio Moro sobre el escándalo Petrobras.
Un total de doce jueces presentaron recursos para tratar de bloquear su entrada en funciones.
La divulgación de una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff avivó esa sospecha y provocó nuevas protestas, principalmente en Sao Paulo y Brasilia.
Rousseff rechazó esas versiones y criticó la divulgación de la conversación por el juez Moro.
«El presidente tiene garantías constitucionales y [su teléfono] no puede ser interferido. En muchos lugares del mundo, quien pincha el teléfono de un presidente va preso si no tiene autorización de la Corte Suprema. Tomaré las medidas que correspondan», proclamó en un acto en el estado de Bahia (nordeste).
Lula tenía previsto antes de su designación como ministro participar en las marchas de Sao Paulo, pero sus asesores contactados por la AFP no confirmaron hasta ahora su presencia.
