Durante la inauguración del seminario sobre justicia organizado el 3 de marzo por la Fiscalía General del Estado, el presidente Morales pidió una “revolución en el Órgano Judicial boliviano” que, en palabras del propio Mandatario enunciadas hace un año, constituye un centro de extorsión y corrupción, empoderado en los operadores de justicia; y en una clara visión develó las debilidades y amenazas de la Justicia en el país.
Para solucionar esta crisis primero se debe realizar un diagnóstico serio, una “reingeniería judicial” con equipos multidisciplinarios, sin dejar de lado el derecho comparado, la jurisprudencia, el sistema procesal basado en el derecho romano, el derecho consuetudinario (Common law) de origen anglosajón, basado en principios y decisiones de altos tribunales (jurisprudencia) y no exclusivamente en la ley. La reingeniería judicial debe partir de cero, y un compromiso sincero para impulsar un cambio estructural. La Fiscalía ya dio el primer paso y deberá trabajar en una comisión para el cambio, asumiendo un rol protagónico, repensando y definiendo la estructura judicial, educando y capacitando a una nueva camada de profesionales idóneos y bien capacitados, desechando militancias partidarias e injerencias políticas.
El cambio debe empezar en casa. Cuando un litigante entra a la Fiscalía o a los tribunales encuentra letreros enormes que invitan a denunciar “cualquier acto de corrupción”, con números de teléfonos que nunca contestan, y que si lo hacen, indican despectivamente: “Pase por la oficina”.
Las denuncias disciplinarias deberían ser resueltas por tribunales independientes, y el Ministerio Público debería procesar estas denuncias disciplinarias de motu proprio, dejando a un lado el compadrerío encubridor y la amistad, velando por la sana administración de justicia. Para muestra, basta un botón: el caso 132/2015 asentado en Santa Cruz, por faltas disciplinarias (Art. 121 num. 6, Ley 260) no notifica legalmente y suspende dos audiencias en aparente parcialización con el fiscal denunciado, sobre quien recaen 10 denuncias y cuatro resoluciones que confirman faltas graves en 12 meses (proceso 028/214, 059/2014, 081/2014 y 237/2014), con descuento del 45% de su haber mensual por faltas disciplinarias; y tres denuncias en la Fiscalía Anticorrupción. Con estos antecedentes, el fiscal denunciado hace rato que ya debía haber sido destituido, tal como establece el Art. 121 num. 13 de la Ley 260, pero continúa como magistrado de la Justicia, cometiendo las mismas faltas, convirtiéndose en un peligro para el debido proceso.
El ciudadano de a pie se pregunta, ¿para qué crean estos aparatos burocráticos?, ¿para qué el Estado gasta en ambientes; sueldos de jueces, auxiliares, oficiales de diligencias; gastos de operación e infraestructura si no mejora la Justicia? Ésta es una ínfima muestra de casos de corrupción, proteccionismo y complicidad, que se debe erradicar “antes que el pueblo reaccione contra la Justicia”, tal como afirma el presidente Morales.
