Argentina acusó a 2.220 civiles y militares y condenó a 660 en los juicios celebrados hasta el momento por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura del país (1976-1983), de cuyo origen, un golpe de Estado militar, se cumplirán el próximo jueves 40 años.
Estos datos se desprenden del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado en diciembre, cuando se celebraron 30 años de la histórica sentencia conocida como «el juicio a las Juntas», que condenó a los máximos jefes de la dictadura por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas.
Tras ese proceso, que concluyó con fuertes penas, entre ellas cadena perpetua para el dictador Jorge Videla, fallecido en 2013 en la cárcel, la Cámara Federal recomendó investigar las responsabilidades de los mandos inferiores, tomando como referencia los testimonios y la prueba documental producida durante el juicio.
Fue cuando se abrieron cientos de causas en todo el país que luego fueron interrumpidas por las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987.
Sin embargo, en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y en 2006 los juicios volvieron a retomarse.
«El juicio a las juntas que se hizo en el Gobierno de (Raúl) Alfonsín fue un hito muy importante que permitió que se continuara con los juicios de hoy. Se logró una conciencia colectiva sujeta a valores y a derechos humanos muy importante», dijo a Efe el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina, Claudio Avruj.
En la actualidad hay 521 causas activas y 2.220 acusados se encuentran o fueron investigados, pero existen otras 220 que fueron acumuladas a expedientes principales (en algunos casos, conocidos como megacausas) en distintas instancias de la investigación.
El 33 % de los acusados fueron sentenciados -el 30 % condenados y el 3 % absueltos-, y 368 causas aún no obtuvieron sentencia.
Asimismo, de los detenidos, condenados o no, el 56 % se encuentra en dependencias penitenciarias, el 41 % cumple arresto domiciliario y el resto está detenido en dependencias de fuerzas de seguridad o en centros de salud.
Un total de 243 acusados fallecieron o fueron declarados incapaces sin recibir sentencia y hay 58 prófugos de la Justicia.
No obstante, a diciembre de 2015, sólo el 24 % de las condenas (660 en total) y el 15 % de las absoluciones (9 de 60) son firmes por confirmación de la Corte Suprema o por no haber sido recurridas.
Actualmente, de los presidentes de facto del país, solo vive Reynaldo Bignone, de 88 años, el último dictador argentino (1982-1983), también encarcelado.
Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, afirmó a Efe que fue el propio poder judicial el que llevó adelante la tarea «de descubrir la verdad, reparar la situación de justicia y condenar a los culpables de los crímenes de lesa humanidad».
«Es condición para toda sociedad democrática recordar ese pasado horroroso, reparar definitivamente a la víctima y avanzar en el tránsito de una justicia efectiva», añade.
Por su parte, el juez Pedro Rubén David, integrante de la misma Cámara desde su creación, en 1992, y exmiembro del Tribunal de la Haya, cuenta que «no existe en el mundo una situación donde todo un pueblo ha podido acompañar en la búsqueda de verdad y justicia».
Además, a los juicios en Argentina se añaden otros iniciados en diversos países como Alemania, Italia y España para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano.
Desde el Gobierno, Avruj dijo que «sin duda», a pesar del tiempo transcurrido, todavía quedan represores por ser juzgados.
«Hay un pacto de silencio entre los perpetradores que nos impide acceder a otra parte de la historia, que es fundamental. Ese pacto oculta también cómplices y actores importantes», aseveró.
Sin embargo, a su juicio, la reciente decisión de EEUU de desclasificar documentos militares y de inteligencia en ese país sobre la «guerra sucia» en Argentina favorecerá conocer los nombres de más responsables.
«Se ha conseguido en estos 40 años un rotundo nunca más a la posibilidad de un golpe militar en la Argentina, se ha conseguido la consolidación de la democracia, con sus debilidades. Se ha logrado una incorporación de la sociedad argentina a la necesidad de lo bueno que es vivir un estado de derecho», agregó.
En este sentido, consideró que lo que falta es que los juicios de delitos de lesa humanidad que se están llevando a cabo continúen y concluyan, que haya sentencia firme, se incorpore toda la historia que sucedió y se siga apostando a una sociedad democrática.
