El presidente Evo Morales pidió a su equipo económico que actúe en defensa de la economía del pueblo de La Paz contra dos leyes ediles que elevan la base imponible (BI) de bienes inmuebles y cuyo objetivo es evitar la evasión del tributo a las transferencias.
“He pedido al equipo económico que defienda la economía del pueblo paceño”, dijo ayer en rueda de prensa. “Siento que es ilegal, hasta inconstitucional, inclusive algo de injusticia existe”, agregó. Hay gobiernos locales que “quisieran tener más recursos económicos, es una obligación, pero no se puede castigar tanto”, recalcó el Presidente de Bolivia.
Con el Mandatario son cuatro las autoridades del nivel central que se pronuncian en contra de la Ley de Plano de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana (Ley 170), que elevó la BI en 37%, y la Ley de Modificación a la Ley de Creación de Impuestos Municipales, aprobadas el 15 de marzo (Ley 171). El 16 lo hicieron el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, y el vicepresidente Álvaro García, y el 17 y 20 de marzo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
Táctica. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, líder del opositor Soberanía y Libertad (Sol.bo), aseguró por su parte que el “Gobierno está tratando de distraer la atención de los serios problemas que tiene que explicarle a la comunidad”, en alusión a los casos Zapata y CAMC, relacionados con el tráfico de influencias.
“Entiendo que el Presidente tenga muchas preocupaciones en este momento, lamentablemente no le están informando de manera adecuada”, agregó Revilla, quien invitó a Morales, Arce y otros ministros, a pagar sus tributos a la propiedad de bienes inmuebles para que se cercioren de que no hay ningún impuestazo.
“Si no hay incremento, entonces mal se podría pensar en hacer una acción de ninguna naturaleza”, apuntó la autoridad edil, quien pidió al Mandatario una reunión “para explicarle lo que no le están diciendo sus ministros”.
Las normas criticadas buscan, según la autoridad tributaria municipal, evitar que quienes compran y venden inmuebles —unas 6.000 personas al año, de las que el 40% tributa como corresponde—, evadan sus obligaciones, y contribuya sobre una BI desactualizada, hasta 500% inferior al valor real de un inmueble en el mercado inmobiliario.
“Son menos de 3.000 personas las que hacen trámites de compra y venta por fuera del sistema bancario, y negocian que en las minutas figure como monto de compra una cifra menor para disminuir el impuesto a las transferencia, eso es lo que estamos corrigiendo”, arguimentó el Alcalde.
Arce anticipó, el 17 y el 20, que demandará la ilegalidad de la Ley 171 porque “usurpa” un tributo que es de competencia nacional, que es el que grava las transferencias leasing de las empresas. Esto “no corresponde, porque el Tribunal Constitucional ha emitido la Sentencia 048/2015, que determina que dicho impuesto es de competencia nacional”.
EMPRESAS. Revilla, a la vez, destacó que su administración demandó hace un par de años la inconstitucionalidad de un decreto por el que el Gobierno: “nos ha quitado (a las alcaldías) el impuesto a las transferencias de las empresas”, litigio en el que no se ha pronunciado la última palabra.
La bancada masista en Diputados solicitó ayer que se convoque al Alcalde para que dé un informe oral sobre el “tarifazo” del transporte público y el “impuestazo” a las transacciones onerosas de inmuebles y motorizados. El analista tributario Jaime Rodrigo sostuvo, por su parte, que: “no se puede afirmar que es un impuestazo. Esas afirmaciones no son nada serias. Impuestazo es cuando afecta el bolsillo de los contribuyentes”.
Dos expertos opinan
Iván Bascopé S. ‘Si no se invaden competencias…’
Si no se invaden competencias, el Estado no puede intervenir. El único que puede controlar o interpretar (la ley), es el Tribunal Constitucional. Un nivel superior no puede abrogar, derogar o desconocer una ley municipal que al igual que las nacionales y departamentales es vinculante, eso dice el Art. 410 de la Constitución. (Municipalista)
William Bascopé L. ‘No sé si el Gobierno tiene razón’
El Gobierno puede objetar, hay recursos en el Código Procesal Constitucional y se llama conflicto de competencias, también existen recursos de inconstitucionalidad, del nivel central al municipal o viceversa. No sé si (el Gobierno) tiene razón, pero el Tribunal Constitucional es el que dilucida el caso (Constitucionalista).
