El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, responsabilizó este domingo a la Gobernación y la Asamblea Legislativa de Santa Cruz por la falta de ratificación del convenio intergubernativo para la construcción del tramo carretero Buena Vista – Las Cruces, tras agotar todas las instancias administrativas y técnicas.
“Estamos el día de hoy hasta mediodía (esperándoles). Yo les dije claramente en la reunión (del vienes). Voy a estar esperando a ustedes señores de la Gobernación tres días y con este mediodía se termina (el plazo) porque yo tengo otros compromisos. El Gobierno central ha agotado todas las acciones administrativas y técnicas posibles. Los he esperado en ENTEL (el viernes) el día de ayer en la ABC y el día de hoy también los he estado esperando (o) la llamada de alguien de la Secretaría de Medio Ambiente o de Economía de la Gobernación”, dijo Montaño.
La autoridad agregó que todas las acusaciones “falsas, mentirosas y engañosas” vertidas por la Asamblea Legislativa cruceña y la Gobernación se las ha desmentido, razón por la que funcionarios de Gobernación se retiraron de la reunión del viernes.
Montaño recordó que para iniciar el proyecto del tramo carretero Buena Vista – Las Cruces, primero se dijo desde la Gobernación que no se tenía recursos económicos, después de que la licencia ambiental no se les entregó y posteriormente que no había estudios hidrológicos.
Mencionó que cuando se entregó toda la documentación y los estudios, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho ya no tenía más “excusa” y tuvo que firmar el compromiso.
“Camacho fue a Santa Fe del Amboró y firmó el compromiso, la ratificación del convenido intergurbernativo que consiste en que ellos ponen 70 millones de dólares y nosotros 142 millones, haciendo 212 millones de dólares”, relató.
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Agregó que ahora que Camacho no está en Santa Cruz, los funcionarios de la Gobernación inventan otros problemas como la afectación al medio ambiente, debido a que en el lugar de la construcción de la obra existen un monte virgen, helechos gigantes y árboles de más de 40 años.
“El martes comienzan con otro ataque. Sale un exconcejal y dice que se estarían loteando esos sectores y ese sería la verdadera causa por cuál nosotros estaríamos impulsado las carreteras. En la misma tónica el miércoles sale el señor Branco Marinkovic, el presidente de la Asamblea departamental y el presidente del comité cívico dicen que esto era lo que estaba persiguiendo el Gobierno central, ‘de dejarnos sin nuestros bosques’”, mencionó.
El ministro dijo que esas aseveraciones fueron desmentidas debido a que la entidad que entrega la licencia ambiental para las urbanizaciones es la Gobernación y también le toca al alcalde de Porongo ver esa autorización.
“Salió el alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, y dijo que no autorizó ninguna licencia para alguna urbanización. No les quedó otra que salga el secretario de Medio Ambiente, (Pablo) Sauto y niegue que haya habido urbanizaciones en el Urubó. Estos señores ni siquiera para realizar una mentira se ponen de acuerdo. Porque saben ellos, si es cierto de lo que están acusando, ya deberían estar con juicios porque hay incumplimiento de deberes”.
Tramo
El proyecto carretero consta de 80 kilómetros de recorrido y pasa por Buena Vista, Espejitos, San Miguel, Santa Fe de Amboró, Las Cruces, Pozo Colorado, Porongo, Km 13. El primer tramo comprende cuatro km, el segundo 42 km y el tercero 34 km.
El conflicto radica en el tramo II, del que la Gobernación de Santa Cruz argumenta que en ese sector existen acuíferos que afectarían a la provisión de agua a la población cruceña.
El financiamiento para la obra fue otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo para América Latina por un monto de $us 212 millones, recursos que estarían en riesgo en caso de que continúen los conflictos.
