La presidenta brasileña Dilma Rousseff perderá este martes (29 de marzo) con toda probabilidad a su principal aliado, el centrista PMDB, alineado mayoritariamente con el vicepresidente Michel Temer, y quedará un poco más cerca de su destitución por el Congreso.
El directorio del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se reunirá en Brasilia y deberá anunciar por aclamación su decisión de salir del gobierno, según la estatal Agencia Brasil.
Una primera señal de la ruptura se sintió la víspera con la renuncia del ministro de Turismo Henrique Alves, afiliado al PMDB, que argumentó que el diálogo «se agotó».
Otros seis ministros podrían seguir su ejemplo y acatar el llamado de Temer de abandonar los cargos antes del 12 de abril.
El PMDB es la mayor fuerza política del país con 69 diputados y 18 senadores, claves para Rousseff, que intenta contener un proceso de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas.
El gobierno batalla con una severa crisis, alimentada por los escándalos de corrupción de la estatal Petrobras y por una recesión económica de escala histórica.
«Tristeza» de Lula
El impeachment avanza rápidamente y podría concluir hacia mediados de abril si la Cámara lo aprueba por una mayoría de dos tercios (342 de los 513 diputados) y luego el Senado por más de la mitad de sus 82 escaños.
Rousseff sería apartada en ese caso de su cargo por un período máximo de 180 días, hasta que la Cámara alta dé su veredicto final, esta vez por una mayoría de dos tercios.
Y si es destituida, Temer asumiría el poder hasta 2018 con un programa económico liberal, que contempla recortes del gasto público y la revisión de programas sociales y del sistema de pensiones.
Temer no asistirá a la reunión del directorio para no influir en el voto, pero antes habría llegado a un acuerdo sobre la salida del PMDB de la coalición con el presidente del Congreso Renan Calheiros, que era considerado el último hombre fuerte que Rousseff tenía en esta organización política. El último presidente que tuvo el partido fue Itamar Franco, que asumió precisamente tras la caída de Fernando Collor de Mello en 1992, cuando renunció poco antes de ser destituido por el Congreso.
Temer, un discreto abogado constitucionalista de 75 años, expresó a finales de 2015 su molestia con Rousseff por su «desconfianza» en el PMDB y se quejó de ser tratado como un «vicepresidente decorativo», que «perdió todo protagonismo político».
Y a principios de año, ratificó que el partido iría con candidato propio en las elecciones de 2018.
El PMDB no presenta un candidato a presidente desde 2006, concentrándose en formar alianzas, primero con el partido socialdemócrata PSDB, principal fuerza opositora, y después con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva.
«Veo con tristeza que el PMDB quiera apartarse del gobierno», dijo Lula el lunes en un encuentro con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.
Lula fue nombrado por Rousseff como jefe de gabinete en un serio intento por reconstruir la alianza herida, pero su designación fue bloqueada en la justicia.
De cualquier forma, en una reunión este lunes en Brasilia, Temer le dijo a Lula que la ruptura con el gobierno no sería postergada, informaron medios de prensa local.
En ese encuentro, Temer le habría reiterado además el «aislamiento» que considera sufrió en el palacio presidencial de Planalto y cuestionado decisiones políticas de la mandataria.
Abogados por la destitución
El Partido Progresista (PP), otro aliado de peso del PT que cuenta con 49 diputados y un ministro, podría poner en juego esta misma semana su respaldo a la mandataria y saltar a la vereda de enfrente.
«Si el partido opta por abandonar al gobierno, tenemos cinco votos en la comisión» que debe formular la recomendación sobre un procedimiento de destitución, dijo a la AFP el diputado Jeronimo Goergen, de esa formación.
Un nuevo pedido para destituir a Rousseff fue introducido el lunes por el colegio de abogados de Brasil, en medio de un tumulto entre partidarios y adversarios del gobierno.
El documento de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) incluye parte del testimonio de un senador del PT, Delcidio do Amaral, investigado por la justicia, que acusó a Rousseff, en el marco de un acuerdo de reducción de penas, de intentar interferir en las investigaciones de Petrobras y al ex presidente Luiz inacio Lula da Silva de comandar el esquema fraudulento que costó más de 2.000 millones de dólares a la petrolera.
