La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró este viernes (1 de abril) que un eventual juicio político en su contra supone un «golpe» contra su Gobierno y advirtió de que la población «no permitirá que su democracia sea manchada».
Rousseff recibió hoy a activistas del Movimiento Sin Tierra (MST) y de organizaciones de negros que le manifestaron su respaldo y, tal como ha ocurrido en los actos en favor de la mandataria, corearon la frase «no habrá golpe», a la que agregaron «habrá lucha».
La presidenta está bajo la amenaza de responder a un juicio con miras a su destitución en el Congreso, por unas maniobras contables que le permitieron al Gobierno «maquillar» sus resultados de los dos últimos años.
Según la oposición, esas maniobras constituyeron un «delito de responsabilidad», que la Constitución brasileña contempla como una posible causa de destitución de un mandatario, aunque el Gobierno lo niega y sostiene que no fueron más que «faltas» administrativas.
En su discurso, Rousseff insistió en que no existen razones para procesarla y reiteró que «hoy Brasil tiene su democracia amenazada» en todas sus vertientes.
Según la mandataria, «está amenazado el aspecto formal de la democracia, que es el que las leyes garantizan y establece unas reglas del juego que no pueden ser rotas, porque se compromete todo el juego».
El otro flanco de la democracia bajo amenaza, según Rousseff, es el de los derechos individuales, sobre los cuales afirmó que serían «atropellados por el arbitrio» en caso de que prospere un juicio en su contra.
Rousseff sugirió que quienes promueven el proceso en su contra no aceptan que su Gobierno le haya dado prioridad «a aquellos que más lo necesitan», lo que consideró como «otra parte del contenido» de la democracia.
«Queremos una democracia que respete todas las religiones, que no tenga prejuicios y no diga que una es mejor que otra, y que vea las cuestiones de la reforma agraria como un proceso que beneficia a todos», declaró.
Rousseff también instó a los campesinos y movimientos sociales a «resistir a las provocaciones y a las tendencias antidemocráticas», aunque aclaró: «Nosotros no defendemos la violencia. Ellos son los que la defienden y la ejercen».
Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio presidencial de Planalto, la presidenta firmó 25 decretos de expropiación de igual número de haciendas consideradas improductivas, que serán destinadas a la reforma agraria.
También oficializó la expropiación de otras tres haciendas, que pasarán a manos de «quilombos», como se conoce a las comunidades en que se establecieron los negros que huyeron de la esclavitud.
