El presidente Evo Morales explicó hoy a los embajadores y representantes de organismos internacionales en Bolivia la problemática de las aguas manantiales del Silala y los argumentos históricos, jurídicos y técnicos que sustentan la decisión de demandar a Chile por el uso ilegal de ese recurso hídrico sin ningún tipo de compensación, y tras agotarse el diálogo bilateral.
El vicencanciller Juan Carlos Alurralde informó del objetivo de la reunión concretada hoy en Palacio de Gobierno y de la que también participaron autoridades como el vicepresidente Álvaro García, el canciller David Choquehuanca, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En la reunión se mostró una serie de evidencias que muestran, sostuvo, “que la verdad está de nuestro lado”.
Morales anunció el 23 de marzo, Día del Mar, la decisión de demandar a Chile por el uso ilegal del recurso natural artificialmente desviado hace más de 100 años sin ninguna compensación. El caso será radicado en la corte de La Haya, donde también está la demanda marítima que busca se obligue al demandado a cumplir sus compromisos de negociar una salida soberana al Pacífico.
La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) es la responsable, como en el caso del mar, de articular las primeras tareas consistentes en recibir los aportes y sugerencias de los investigadores y expertos para sustentar jurídica y técnicamente el proceso, que Santiago lo rechazó y anuncia contrademandarlo.
“Se le ha mostrado (al Cuerpo Diplomático) todos los argumentos que hacen y demuestran que esta demanda no es artificial o artificiosa como se hubiese sugerido sino más bien existen argumentos absolutamente de peso, contundentes argumentos históricos, argumentos jurídicos y en este caso argumentos técnicos que son absolutamente irrefutables”, afirmó Alurralde.
Una comisión, acompañada de medios de comunicación, visitó el 28 de marzo la zona de Quetena Chico, lugar de los bofedales en Potosí, para mostrar que las aguas que fueron desviadas por Chile no provienen de un río sino de manantiales que nacen y mueren en territorio nacional. El gobierno de Michelle Bachelet anunció una contrademanda por considerar tienen derecho sobre el recurso.
Una empresa de ferrocarriles chilena pidió permiso en 1908 a la Prefectura de Potosí para usar las aguas manantiales, concesión que fue revocada y que es expuesta como una de las pruebas que demuestran la propiedad boliviana sobre el recurso hídrico. El presidente del Senado, Alberto Gonzáles, afirmó el 29 de marzo que Chile debería más de $us 1.000 millones.
“No es un río internacional y por tanto es importante, habiéndose agotado el dialogo bilateral, acudir a las instancias que por derecho hemos creado los países civilizados para resolver en paz y armonía nuestras divergencias”, sostuvo Alurralde a la conclusión del encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia.
