En caso de que Bolivia gane el juicio marítimo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “sería bien difícil” que nos sentáremos a negociar “después de todas las barbaridades que han dicho sobre nosotros”, advirtió el agente chileno ante la corte, Miguel Insulza, en medio de una compleja situación bilateral tras anunciarse una nueva demanda, esta vez por el uso ilegal de las aguas del Silala.
“Vamos a ponernos en un caso de que le fuera bien en la Corte. Si le fuera bien, quiere decir que la Corte diría que está bien que Chile negocie con Bolivia, que es bueno que Chile negocie con Bolivia, aunque no va a prejuzgar sobre el resultado la Corte. Eso significa sentar en una mesa a Chile y Bolivia y, desde luego, sería bien difícil que nosotros nos sentáramos en la mesa después de todas las barbaridades que han dicho sobre nosotros”, afirmó.
Bolivia instauró en 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ para que honre sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico. Los jueces internacionales decidieron el 24 de septiembre de 2015 reafirmar su jurisdicción en el caso frente al recurso chileno que intentó que el proceso no sea sustanciado. Ahora deben presentar su contramemoria.
«Estoy de acuerdo en que efectivamente lo que el presidente (Evo) Morales y su gobierno han hecho es exactamente lo contrario a lo que deberían hacer para sacar algo”, sostuvo Insulza en conversación con el programa El Primer Café de radio Cooperativa de Chile, donde se puso en debate el anunció del Mandatario boliviano de demandar otra vez a Chile ante La Haya por el desvío de las aguas del Silala.
«Ese es un problema complicado para ellos y muchos bolivianos se dan cuenta. Si leen la prensa boliviana, hay muchos que plantean eso. ‘Cuidado, que tenemos que negociar con Chile’, lo dicen a cada rato los expertos. Entonces, estoy de acuerdo en que no se han hecho un favor con esto», manifestó Insulza, quien en noviembre de 2015 asumió la función de Agente de Chile ante la CIJ para el tema de la demanda marítima.
Una comisión, acompañada de medios de comunicación, visitó el 28 de marzo la zona de Quetena Chico, lugar de los bofedales en Potosí, para mostrar que las aguas que fueron desviadas por Chile no provienen de un río sino de manantiales que nacen y mueren en territorio nacional. El gobierno de Michelle Bachelet anunció una contrademanda por considerar que tiene derecho sobre el recurso.
Una empresa de ferrocarriles chilena pidió permiso en 1908 a la Prefectura de Potosí para usar las aguas manantiales, concesión que fue revocada y que es expuesta como una de las pruebas que demuestran la propiedad boliviana sobre el recurso hídrico. El presidente del Senado, Alberto Gonzáles, afirmó el 29 de marzo que Chile debería más de $us 1.000 millones.
