Adolescentes en recintos de detención (440) no tienen acceso a un debido proceso, desconocen a sus abogados y el avance de sus juicios, según una verificación hecha por la Defensoría del Pueblo. El 70% tiene detención preventiva, es decir, no tiene condena.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó del trabajo realizado en 20 recintos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Sucre, Tarija, Trinidad, Santa Cruz, Cobija y Riberalta, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016.
De los 480 adolescentes, 440 son varones y 40, mujeres. El 37% (176) está en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71%, entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años. El 37% de los detenidos cayó por robo, el 34% por delitos sexuales y algunos por delitos contra la vida y la integridad, y narcotráfico.
El Defensor recomendó al Ministerio de Justicia asumir su rol para facilitar información, mecanismos, herramientas y modelos para que las gobernaciones las apliquen, además de hacer seguimiento al establecimiento de presupuestos reales. Este diario intentó obtener una respuesta de autoridades del Ministerio de Justicia y de la Gobernación de La Paz, pero en esos despachos no lo hicieron.
“Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, afirmó Villena en la presentación de las conclusiones.
Mencionó problemas como incumplimiento de plazos procesales, adolescentes con más de dos años con detención preventiva, además de internos entremezclados ante una falta de clasificación por tipología de delito o por edad. “Se han identificado adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación”.
Identificó la ausencia de una implementación real de programas con enfoque socioeducativo y restaurativo. También recomendó al Ejecutivo acompañar a las gobernaciones en la construcción de proyectos referidos a adolescentes con responsabilidad penal y la especialización de jueces y fiscales.
