El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, afirmó ayer que la seguridad de Gabriela Zapata —acusada de tráfico de influencias y legitimación de ganancias ilícitas— “está garantizada —en este momento— por el Estado”, por lo que el organismo internacional solo hace un seguimiento.
“El caso está bajo la supervisión de cinco mecanismos del Estado. Estamos nosotros haciendo varias gestiones todos los días, monitoreando, pero debo abstenerme de comentar bajo la reserva; dejamos a las instituciones del Estado que cumplan su papel”, señaló.
El Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, dos juzgados en La Paz, el Legislativo y el Defensor del Pueblo han tomado parte y conocimiento de este tema que involucra a la expareja del presidente Evo Morales, a quien se le acusa de utilizar tráfico de influencias para conseguir millonarios contratos estatales en favor de la firma china CAMC, de la que fue su ejecutiva comercial.
Proceso. Tras el inicio del proceso penal y su reclusión en el penal de Obrajes, Zapata envió una misiva a Racicot el 17 de marzo para denunciar la violación de sus derechos y pedir, así, la intervención de la Oficina del Alto Comisionado. “Atendiendo la carta, el 23 de marzo nos reunimos por más de dos horas con Zapata, pero no podemos comentar qué tratamos en la conversación por ser un caso que se encuentra con reserva judicial administrativa”, puntualizó Racicot.
No obstante, Zapata afirmó que es víctima de hostigamiento y amenazas que recibiría ella y su entorno familiar después de su traslado a la cárcel de Miraflores. El Gobierno ofreció garantías, pero la semana pasada Zapata denunció que fue amenazada de muerte por una reclusa luego de beber una sustancia en un mate que le produjo mareos.
Ante esa situación, las reas pidieron su traslado a otro penal. Un grupo de reclusas de Miraflores protestó el lunes por la noche para exigir que Zapata sea enviada a otro recinto. Las internas incluso prendieron una fogata, pero luego la situación fue controlada.
“Por el momento, a pesar de los incidentes, la situación de la señora Zapata es garantizada por el Estado”, insistió Racicot, quien además precisó que durante el desarrollo de estos sucesos mantuvo contacto con personeros de Régimen Penitenciario, que tiene a su cargo el control de los penales del país.
El director de esta repartición, Jorge López, informó ayer que el examen forense efectuado a Zapata estableció que “goza de buena salud” y no presenta “lesiones traumáticas”. Descartó así evidencias sobre afectaciones a raíz de un eventual “evenenamiento”.
