El premier de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, dimitió tras el escándalo de “Papeles de Panamá”. Hay más implicados por las corruptelas y Ramón Fonseca, uno de los dueños del cuestionado bufete de abogados, renunció a su cargo estatal.
Gunnlaugsson es una figura icónica de lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas tras la develación de amaños, del domingo. El premier negó las acusaciones, amenazó con disolver el Parlamento y, finalmente, acabó cediendo al clamor popular que no le perdonó que su esposa haya colocado $us 1 millón en un paraíso fiscal, según la agencia AFP.
El rey saudí, Salman bin Abdulaziz; el presidente emiratí, Jalifa bin Zayed al Nahyan; el exjefe de campaña del actual Mandatario tunecino, el banco francés Société Générale y entidades financieras alemanas son algunos de los últimos afectados por la filtración periodística de esos papeles, considerada la mayor de la historia.
Investigación. La agencia EFE indica que el escándalo abarca a más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o exjefes de Estado, o a sus familiares.
Otro afectado es Panamá, país de origen del bufete implicado y al que Francia volvió a incluir en su lista de paraísos fiscales.
El Gobierno panameño respondió que no aceptará que se use al país como “un chivo expiatorio” a raíz de las filtraciones y no descartó aplicar la ley de reciprocidad a las naciones que lo incluyan en listas grises o negras.
Otro de los señalados por el escándalo es el presidente argentino Mauricio Macri. La autoridad expresó que no cometió ningún ilícito, aunque su nombre está ligado a “Papeles de Panamá”.
A pesar de su postura, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia argentina pidió ayer a la Oficina Anticorrupción que informe si Macri debe incluir en su declaración jurada patrimonial su nominación como director de la compañía Fleg Trading, firma por la que es observado el Jefe de Estado, informó EFE.
El secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, solicitó esa aclaración “con el objeto de despejar dudas respecto de la situación planteada y evitar confusiones en su interpretación y alcance”, en relación a la constitución en las Bahamas de Fleg Trading.
La crisis desatada tras el escándalo también costó la renuncia de Ramón Fonseca a su cargo de ministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
“El exministro Ramón Fonseca Mora presentó su renuncia, él sintió que tenía que aclarar su nombre y el de su firma y él lo quiere hacer como un ciudadano privado y que no se le vaya a estar señalando por ocupar una posición en el gabinete, le agradecemos por los servicios prestados”, manifestó Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, según el portal de CNN.
Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que las revelaciones de que políticos, empresarios y personajes mundiales ocultaron dinero a través de empresas offshore (compañías fuera del país de residencia) muestra que la evasión fiscal es “un gran problema mundial”.
“No sucede solamente en otros países, porque hay gente en Estados Unidos que también se beneficia de esto”, señaló el Mandatario, según la agencia AFP.
Obama llamó al Congreso a reformar el sistema tributario para evitar la evasión de impuestos.
La AFS sale en defensa de Messi
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al paso ayer de la acusación contra el futbolista Lionel Messi de tener una sociedad ‘offshore’ en el escándalo ‘Papeles de Panamá’, al afirmar que cree en su inocencia y honorabilidad, informó AFP.
Bolivia pide información a periodistas en EEUU
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, solicitó información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) respecto al caso “Papeles de Panamá”.
“Nos interesa saber cómo se han suscitado estas actividades o inversiones que involucrarían a personas naturales y empresarios privados de nuestro país. Y, por supuesto, lo que nos interesa establecer es que si estos hechos han conllevado la vulneración de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, si como resultado de estas actividades existirían indicios respecto a la presunta comisión de delitos de corrupción y delitos de orden público que están tipificados y sancionados en nuestro ordenamiento jurídico nacional”.
La investigación determinó que hay 95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas involucrados. En el consorcio ICIJ no está afiliada ninguna institución boliviana y se desconoce cómo se trabajará el tema.
