La Alcaldía de El Alto anunció que analiza contratar los servicios de peritos en incendios y triangulación de llamadas, para obtener más pruebas en el edificio que fue quemado el 17 de febrero y verificar los contactos telefónicos de los implicados. La directora municipal de Asesoría Jurídica del gobierno local, Sonia Vallejos, explicó que el trabajo de los expertos permitirá, además, interpretar los resultados de los peritos policiales.
“Estamos analizando esa posibilidad, vamos a requerir de todos modos alguien que nos ayude a interpretar los datos o resultados periciales, porque creemos que los datos finales van a ser técnicos”, complementó.
Recordó que la municipalidad ofreció a la Fiscalía, hace poco menos de un mes, llevar a cabo una “pericia de parte” para contrastar resultados sobre la investigación del ataque y la quema del edificio edil, donde fallecieron seis funcionarios.
Retraso. Informó que los resultados de las pericias policiales no se adjuntaron al cuaderno de investigaciones, a pesar de que debieron estar hace dos semanas y que se tiene que contrastarlos para conocer las causas que provocaron e hicieron que el fuego se propague con rapidez en el edificio central de la Alcaldía alteña. “Éste es uno de los motivos por los que se buscan peritos; sin embargo, no había sido tan fácil hallar entendidos en estos temas”.
En cuanto al experto en triangulación telefónica, dijo que su trabajo buscará establecer el nexo de los aprehendidos y los hechos luctuosos de febrero. Vallejos indicó que con esa información se podrá conocer a quiénes llamaron y en qué momento. “Los resultados periciales permitirán conocer con certeza las causas que provocaron e hicieron que el fuego se propague a tal magnitud”.
El 26 de febrero, expertos en incendios de Bomberos y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) iniciaron un trabajo de recolección de pruebas físicas y químicas. Una primera hipótesis plantea que se utilizaron sustancias inflamables, que confirmarían que se trató de un hecho que fue planificado con anterioridad.
Una vez que los manifestantes prendieron fuego al inmueble, los funcionarios quedaron atrapados en las instalaciones; muchos lograron huir del fuego a través de los techos y ventanas con ayuda de sogas improvisadas hechas con sus prendas de vestir e incluso se utilizó la grúa de una empresa que tenía sus instalaciones en el inmueble contiguo al edificio.
Los movilizados destrozaron las oficinas de la planta baja y quemaron todo lo que pudieron sacar. Según Vallejos, las unidades ediles que sufrieron una mayor pérdida son las oficinas Sumariante, Secretaría General, Almacenes, además de Transparencia.
“En estas unidades solo el 10% se logró recuperar, lo demás se lo dio como perdido y la alcaldesa (Soledad Chapetón) dispuso reunir nuevamente la información”, agregó. En total, la Alcaldía calcula que el 40% de los documentos fueron recuperados. La municipalidad pide a la Fiscalía ingresar nuevamente al edificio para seguir en el proceso de recuperación de materiales, indicó Vallejos.
La mañana del 17 de febrero, una marcha de padres de familia llegó hasta el inmueble del gobierno local. Tras casi una hora de protesta, los manifestantes decidieron tomar el lugar y destruyeron puertas, ventanas, y quemaron muebles y equipos.
Inspección ocular
Declaración
La directora de Asesoría Jurídica, Sonia Vallejos, estimó que se realizará una inspección ocular en el edificio de la Alcaldía hasta el 30 de abril, una vez que se concluya con las declaraciones informativas de los funcionarios; hasta ahora fueron 100 de 150.
