El viceministro de Tesoro y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, dijo que en caso de acceder al pedido de los discapacitados, el costo del beneficio pasaría de Bs 22,1 millones a Bs 368 millones al año, cifra que está por encima del presupuesto que se asigna a las gobernaciones, lo que hace inviable la demanda.
Recordó que la renta solidaria de Bs 1.000 se paga con los recursos que antes se financiaba a los partidos políticos y que suma Bs 40.000.000, recursos con los fue creado el Fondo Nacional de Solidaridad y de Equidad. Este monto, agregó, se divide en dos partes, el 50% para la política asistencialista (pago de la renta) y el resto para proyectos que beneficien a ese sector en los ámbitos educativo, salud, laboral y otros.
«El viernes, ellos (las personas con discapacidad) abandonaron el dialogo (en Caracollo, Oruro) y dejaron a la comisión con toda la intención de buscar alternativas, mostraron una actitud cerrada y reacia, por ejemplo a la posibilidad de destinar recursos provenientes de los delitos de narcotráfico», indicó Durán en entrevista en el Programa el Pueblo es Noticia de los medios estatales.
Manifestó que a diferencia de la postura de este grupo, las federaciones, asociaciones y confederaciones de personas con discapacidad de La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro aprobaron en las mesas departamentales la formación de la mesa técnica.
En tanto, en el mismo programa, la ministra de Salud, Ariana Campero, dijo que los representantes de los discapacitados “tienen una posición radical” porque no muestran voluntad a un diálogo integral para enfrentar su demanda de un bono mensual de Bs 500.
“No aceptan hablar de salud, educación, justicia ni otros temas que no se refieran específicamente a su pedido. Pero es difícil conversar solo del bono sin explicar que financieramente hay otras inversiones para las personas con discapacidad”, indicó Campero.
Este viernes el diálogo se rompió entre el Gobierno y ese sector, que retomó una marcha desde Caracollo rumbo a la sede de gobierno.
