La cantidad de personas con discapacidad empleadas por instituciones del Gobierno central —ministerios y agencias estatales— enfrenta a ese sector, que prosigue su caravana hacia La Paz, con el Ministerio de Salud.
Mientras la titular de esa cartera, Ariana Campero, asegura que los ministerios sobrepasaron el porcentaje de inclusión laboral, un dirigente de este grupo poblacional asegura que no llegan ni al 1%.
El artículo 2 del Decreto Supremo 27477 —aprobado el 6 de mayo de 2004 y que está en vigencia— promueve, reglamenta y protege la incorporación preferente, ascenso y estabilidad de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en una proporción mínima de 4% con relación a la nómina total de trabajadores de las entidades públicas.
“Los que más hemos incorporado somos los ministerios, que estamos sobrepasando el 55% (del total con algún empleo), pero hay municipios y gobernaciones que no”. No es que falle la norma en el país, son los gobiernos autónomos los que deben incorporarlos, sostuvo Campero.
Juan José Barrera, coordinador nacional de la población con alguna discapacidad, denunció en cambio que la inserción en esas reparticiones es menor al 1% y que no hay inamovilidad para los afiliados a esa organización, como dispone el D.S. 27477.
“Lamentablemente, en los ministerios no está trabajando ni el 1% de discapacitados. Los pocos que lograron una fuente de empleo son militantes del MAS (Movimiento Al Socialismo). Este es un pequeño ejemplo de que no se cumplen las leyes para nosotros, por eso marchamos por la renta de Bs 500 mensual”, dijo.
La caravana, por otro lado, continuó ayer rumbo a la sede de gobierno pese a la lluvia.
