Un estudio de la Universidad de Stanford demuestra que la falta de coordinación en las regulaciones ambientales entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay genera una mayor deforestación de los bosques de la Chiquitanía y Gran Chaco.
Las empresas agropecuarias que expanden sus actividades mediante deforestación deciden operar en zonas con marcos legales menos restrictivos en temas de medio ambiente, de acuerdo con el estudio de esa casa de estudios superiores estadounidense.
Según la investigación, existen indicios de que restringir la expansión de materias primas como la soja y la carne vacuna en algunas zonas, puede simplemente resultar en el desplazamiento de ese tipo de producción de una región a otra o de un país a otro, un fenómeno conocido como “fuga” de deforestación y que afecta a los bosques de los cuatro países.
Los árboles que hay en la Chiquitanía y el Chaco forman parte de “las últimas formaciones de bosques secos que hay en el planeta”, tienen influencia en la dinámica del clima y contienen una diversidad cultural y especies de fauna y flora únicos en el mundo”, alertó Ignacio Gasparri, vocero del equipo de investigadores.
“Es imperativo encontrar las formas de satisfacer la demanda de alimentos sin remplazar los ecosistemas naturales”, sostuvo a su vez el profesor de la Universidad de Stanford Eric Lambin, quien lideró el estudio. Para analizar cómo las empresas deciden colocar sus inversiones en el Gran Chaco y la Chiquitanía, el equipo entrevistó a 82 empresas dedicadas a la producción de soja y ganadería en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, cuyas propiedades suman un total de 2,5 millones de hectáreas.
“Son empresas en general que operan en más de un país”, apuntó Gasparri.
La investigación encontró que las decisiones de ampliar las tierras bajo producción de una empresa son impulsadas principalmente por la cercanía de las inversiones que hace, así como por la disponibilidad de tierras con árboles, aunque las regulaciones forestales más permisivas y con menos normas atraen también a inversiones de empresas agrícolas tendientes a talar más bosques.
“El cambio en la región es bastante acelerado y no tenemos tan claro cuáles pueden ser las consecuencias locales, continentales o globales de lo que está pasando”, dijo Gasparri.
“Para evitar nuevas fugas en la deforestación, se necesita una mayor armonización en la legislación para la deforestación y en las materias primas en todas las regiones, como también para la ganadería, y promover producciones sustentablemente más intensivas”, aseveró el investigador Yann le Polain de Waroux.
Un enfoque clave para la armonización de las normas ambientales podría ser la aplicación más amplia de regulaciones privadas, como los sellos verdes o de sustentabilidad, y las normas financieras.
Medidas. Esta solución se propone ya que las prácticas ganaderas más sostenibles pueden transformarse en una mayor productividad y rentabilidad bajo regulaciones más estrictas que, a su vez, podrían reducir el impulso para que las empresas se trasladen a otras regiones.
“Si las empresas internacionales y los bancos adoptaran normas armonizadas de sustentabilidad en todos los países donde operan, habría menos probabilidad de fugas de deforestación”, sostuvo Le Polain.
“Se está creando un impulso entre los principales vendedores minoristas y los compradores en la cadena de suministro de carne vacuna y de granos como la soja en el mundo, con el objetivo de reducir la deforestación, y nuestros resultados muestran que la armonización de las normas a través de estas empresas nos puede ayudar a lograr la meta de cero deforestación”, afirmó Lambin.
Acuerdos entre las empresas
En los últimos años se registró un aumento de los compromisos corporativos y de inversión para eliminar la deforestación en las cadenas de suministro y en las carteras de inversión. Consumer Goods Forum, grupo de empresas globales como Unilever y Walmart, buscan alcanzar este objetivo hasta 2020.
Compromiso financiero ambiental
Diez bancos de alcance internacional también se comprometieron a lograr una deforestación cero al 2020, como parte del acuerdo de Materias Primas Blandas vinculado a la Iniciativa de la Banca y el Medio Ambiente (BEI). Otras empresas como Cargill y McDonalds también efectúan esta labor desde 2014.
