El Ministerio Público no descarta investigar la existencia de otros consorcios de jueces y abogados (agrupaciones de magistrados y juristas para transar fallos), al margen del caso indagado en la ciudad de La Paz, cuyo principal acusado es el vocal Fernando Ganam.
El fiscal General en suplencia, Roberto Ramírez, explicó que la comisión de fiscales habilitada en la sede de gobierno debe ser la encargada de llevar adelante el proceso y definir las acciones futuras. “El Ministerio Público está investigando un hecho y de acuerdo con el avance de la investigación, a los resultados, es que se va a tomar las determinaciones correspondientes”, respondió Ramírez cuando fue consultado sobre la posibilidad de ampliar la investigación de los consorcios de jueces y abogados en otros departamentos.
La pasada semana, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, afirmó que hay al menos 17 consorcios de jueces que trabajan en cinco ciudades del país. El jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ariel Marañón, indicó que su despacho indaga oficialmente tres casos de consorcio de jueces y abogados.
El martes 29 de marzo empezó una investigación sobre el vocal de la Sala 2ª del Tribunal Departamental de La Paz, Fernando Ganam, quien fue sorprendido cuando llevó el expediente del caso “Castelú contra Cotel” a la oficina del abogado Milton Mendoza, representante legal de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel).
Ganam fue aprehendido el mismo día, mientras que Mendoza desapareció y actualmente tiene una orden de aprehensión que fue emitida por el Ministerio Público. El vocal departamental es acusado de cometer los delitos de consorcio de jueces y abogados, además de cohecho pasivo y activo. Al margen de él fue detenido el fiscal Carlos Hugo Rivero, quien tendría relación con Ganam.
Durante la investigación, en el allanamiento de la oficina de Mendoza, en la Fiscalía se informó que al menos seis expedientes judiciales fueron hallados en el lugar, documentos que dan pie a investigar a otros jueces, abogados y fiscales por el delito de consorcio de jueces y abogados. Tras la acción investigativa del Ministerio Público, fue detenida la jueza Lía Cardozo en el penal de San Antonio de Cochabamba.
