La decisión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil de dar luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff convierte a la presidenta en la más amenazada con la destitución entre una extensa lista de autoridades cuyos mandatos fueron puestos en entredicho.
Además de Rousseff, cuyo juicio político con fines destituyentes depende ahora del pleno de la Cámara baja, los dos siguientes en la línea de sucesión de la Presidencia también están amenazados por procesos que les pueden costar el mandato: el vicepresidente, Michel Temer, y el presidente de los Diputados, Eduardo Cunha.
Temer será sometido en el Congreso a un proceso similar al de Rousseff por decisión de un magistrado del tribunal supremo y Cunha, además de numerosas acusaciones en la Justicia por las corruptelas en Petrobras, es blanco de un proceso en la Comisión de Ética de la Cámara baja en el que corre el riesgo de perder el cargo como presidente de los Diputados y hasta el mandato como legislador.
El cuarto en la línea de sucesión, el presidente del Senado, Renán Calheiros, es acusado en nueve diferentes procesos abiertos por la corte suprema contra los implicados en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Ni el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue sucedido por su ahijada política Rousseff en enero de 2011, está excluido de la lista de políticos que pueden perder el cargo.
Lula fue nombrado ministro de la Presidencia en marzo pero su designación fue suspendida provisionalmente por una medida cautelar y ahora depende del supremo para mantener el fuero privilegiado con el que fue blindado de los procesos judiciales que enfrenta.
En medio de una de las crisis políticas más delicadas de Brasil en las últimas décadas, agravadas por el escándalo de Petrobras que salpicó a decenas de parlamentarios y políticos, los órganos de control y los tribunales parecen querer cumplir el deseo de los manifestantes en las calles para «que se vayan todos».
Las manifestaciones de los últimos meses en Brasil contra la jefe de Estado han sido convocadas por grupos ajenos a los partidos y se han caracterizado por el rechazo a los políticos.
Incluso, los líderes de la oposición han sido abucheados cuando han intentado capitalizar las protestas.
Según una encuesta divulgada el sábado pasado por la prestigiosa firma Datafolha, la mayoría de los brasileños quiere que pierdan sus cargos tanto Rousseff como su vicepresidente y el presidente de los Diputados, y que se convoquen nuevas elecciones.
De acuerdo con el sondeo, el 61 % de los brasileños apoya el juicio político contra Rousseff en el Congreso y un 58 % considera que Temer también tiene que ser sometido a un proceso similar.
Un 60 % está a favor de que la jefe de Estado renuncie a su mandato, el mismo porcentaje que apoya la renuncia de su vicepresidente.
Una mayoría aún más contundente (77 %) defiende un proceso para despojar de su mandato al presidente de la Cámara de Diputados.
En caso de que tanto la mandataria como su vicepresidente y Cunha renuncien o sean destituidos por el Congreso, un 79 % es partidario de que se convoquen nuevas elecciones presidenciales.
La más amenazada por ahora es la propia Rousseff. Tras la decisión de la Comisión Especial de darle continuidad al juicio político, el caso fue remitido al pleno de la Cámara baja, que tiene previsto votar la apertura del proceso a partir del viernes.
Si la Cámara de Diputados lo aprueba por mayoría calificada (342 votos de 513 posibles), el proceso seguirá rumbo al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendría que separarse del cargo por un período de 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio y en el que sería sustituida por Temer.
El proceso contra Temer no va tan adelantado, pero difícilmente el Congreso dejará la cumplir la orden del magistrado Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal, de que le inicie los trámites de un juicio político similar al de Rousseff por los mismos delitos de que se acusa a la mandataria.
Aunque la presidenta y su vicepresidente se salven de la destitución en el Congreso aún tienen que enfrentar juntos varios procesos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en los que se les acusa de irregularidades en la campaña con la que fueron reelegidos en octubre de 2014.
Las confesiones de empresarios implicados en el escándalo de Petrobras mostraron indicios de que la campaña fue alimentada con recursos desviados de la petrolera, lo que, de comprobarse, puede llevar al tribunal electoral a despojarlos a ambos del mandato y a convocar nuevas elecciones.
