El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, consideró hoy que el avance del trámite para el juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es preocupante para la seguridad jurídica de ese país y de la región.
Una comisión del Parlamento brasileño decidió el lunes que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta, con lo que el trámite pasará ahora a su próxima fase, en el plenario de la Cámara de Diputados.
Samper, en un comunicado, dijo que «sin existir hasta el momento, una prueba que la incrimine de manera personal y directa en la comisión de un delito, esta decisión se convierte en un motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región».
El secretario general del organismo precisó que «la presidenta solo puede ser procesada y destituida -revocando el mandato popular que la eligió- por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa».
En su opinión, «aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente políticas».
En la última reunión de la comisión especial, el diputado instructor, Jovair Arantes, sostuvo que las acusaciones contra Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015, «son de elevada gravedad» y tipifican un «delito de responsabilidad», que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
En la misma sesión, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, reiteró que el «delito de responsabilidad» no llegó a ser tipificado e insistió en que, si las hubiera, esas irregularidades no pasarían de ser meras «faltas» administrativas.
Una vez aprobado en la comisión, el proceso proseguirá en el plenario de la Cámara de Diputados, en la que los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todos los pronósticos apuntan a una ligera ventaja para la oposición.
En caso de que el proceso sea respaldado en el pleno de la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso y su cargo sería ocupado por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.
La Unasur está formada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
