En los últimos días, dos casos alarmaron a Santa Cruz: la violación de una niña de 12 años por su padre, sus tres hermanos y un tío, y la captura de un individuo denunciado por siete mujeres por abuso sexual, tortura, rapto y otros crímenes.
El municipio de Yapacaní fue escenario del primer caso, que salió a la luz pública el viernes 8 de abril. Una niña de 12 años le contó a su compañera que era abusada en su hogar. La amiga le contó lo ocurrido a su madre, quien efectuó la denuncia.
“Hace casi dos años que se estaba dando esta situación”, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Sabino Guzmán. Los cuatro fueron aprehendidos. José V.P., el progenitor de 41 años, y el hijo mayor identificado como José Daniel, de 18, fueron imputados y están detenidos preventivamente en Palmasola.
Confesos. Los hermanos de 16 y 13 años, José Abraham y Mario Esteban, fueron enviados al centro para menores infractores Fortaleza. El tío Ángel V. aún es buscado por la fuerza pública. “Ellos son autores confesos. Prácticamente fue abusada por toda la familia: el padre, los tres hermanos y un tío”, dijo Guzmán el pasado viernes.
En la entrevista psicológica, la niña contó que el primero en abusarla fue su padre. “Al parecer, los hermanos vieron eso y la chantajearon y se fueron consumando los abusos”. Para agravar la situación de la menor —que está en custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ya que se sospecha la complicidad materna—, su progenitora dijo a los periodistas que no cree en su versión. “Es una acusación (de la) que ni ellos (el Ministerio Público) tienen pruebas. Los policías de aquí (Yapacaní) no tienen pruebas. Mi hija está presionada por una persona del colegio”, declaró.
El padre y el hermano mayor de la víctima se exponen a ser condenados a 25 años de reclusión, mientras que los dos menores de edad recibirán tres cuartas partes de la pena máxima. El segundo caso se produjo en Santa Cruz de la Sierra. Al menos siete mujeres acusan a Diego R.C., de 35 años, de violación, vejámenes, tortura y privación de libertad y otros delitos.
El sujeto captaba a sus víctimas por Facebook. “Les decía que era hijo de un empresario prestigioso, que era piloto, que tenía que recibir una indemnización de $us 30.000. Luego las conquistaba y les pedía vivir juntos; cuando accedían a irse con él, comenzaban las golpizas, los maltratos y las violaciones”, contó Yessica Echavarría, abogada de las víctimas.
Samanta J. fue la primera. A sus 14 años fue raptada por el sujeto. Corría 2007 cuando sus padres lo denunciaron por rapto; para eludir la sanción penal, el sindicado se casó con la adolescente, con quien tuvo tres hijos.
Tras conocer testimonios de las otras mujeres que vivieron similares agresiones de parte de su esposo, Samanta, que este año cumplió 23 años, se animó a denunciar a su pareja por violencia familiar, delito por el que está detenido preventivamente en Palmasola desde el sábado 9 de abril.
En 2014 “lo conocí por Facebook. Primero mantuvimos una amistad, luego salimos un par de veces y hasta me invitó a su casa con su familia. Son cómplices el abuelo, su hermana, el tío y su madre. Él opera con toda su familia”, denunció Cecilia P.
Tormento. Ella convivió con Diego R. durante tres meses. “En ese tiempo viví muchas torturas, me flagelaba con cinturón, me violaba, me mantenía desnuda en una habitación, no me daba de comer, yo hacía todas mis necesidades en el cuarto donde vivía encerrada; apagaba sus cigarros en mi cuerpo, me cortó las cejas, mis labios estaban reventados, fue doloroso”, recordó la mujer que hoy tiene 33 años. El 24 de octubre de 2014, Cecilia escapó de la casa donde Diego R.C. la tenía encerrada, ya que temía ser asesinada.
“Escapé de su casa desnuda a pedir a los dueños de una casa que estaba más adelante que me puedan proveer de ropa”. Otras cinco mujeres aseguraron haber sido víctimas de agresión, violación, ciberacoso y otros delitos. Lo extraño es que los casos abiertos en su contra desaparecieron por completo de la fuerza anticrimen de esa capital.
La fiscal Rosa Rivero dijo que solicitó los antecedentes policiales del sujeto. Mientras tanto, el temor de que sea puesto en libertad —ya que está detenido por violencia intrafamiliar— angustia a las víctimas, sostuvo Echavarría.
