El sistema judicial de Colombia es «ineficaz» para juzgar a antiguos paramilitares, advirtió hoy el Departamento de Estado de EE.UU., al denunciar que los problemas más graves del país suramericano en derechos humanos son la impunidad, la corrupción y los desplazamientos forzados.
En su informe anual sobre derechos humanos, correspondiente a 2015, EE.UU. resaltó que «un sistema judicial ineficaz sujeto a la intimidación limita la capacidad del Gobierno para perseguir eficazmente a individuos acusados de violaciones de derechos humanos, entre ellos exmiembros de grupos paramilitares».
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, relativo a 2015, que sirve como referencia al Congreso a la hora de conceder o no ayuda a otros países y en el que la diplomacia estadounidense dedicó un apartado a Colombia.
«Los problemas más graves en derechos humanos fueron la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, los desplazamientos forzados, la corrupción y la discriminación social» contra afrodescendientes, resaltó el informe, en línea con el documento del año pasado, que ya supuso una mejora con respecto al anterior.
Dentro del reporte, la diplomacia estadounidense menciona al Clan Úsuga, la mayor banda criminal colombiana nacida tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, y que está presente en 22 de los 32 departamentos del país, según la Defensoría del Pueblo colombiana.
No obstante, de una forma más amplia, Washington denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas por «grupos criminales, algunos de los cuales integran antiguos paramilitares», así como de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las FARC, que mantienen desde hace tres años y medio unas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, así como el ELN, que anunció el 30 de marzo un proceso análogo, han señalado en repetidas ocasiones que los paramilitares, oficialmente desmovilizados en 2006, reaparecieron en forma de bandas criminales.
Entre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las FARC, el ELN y los grupos criminales, EE.UU. destaca los asesinatos de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad, así como los secuestros, las desapariciones forzadas, las violaciones sexuales y la intimidación de jueces, fiscales y testigos.
«El sistema (judicial) no ha podido generalmente cerrar los casos de forma rápida y eficiente», resalta el Departamento de Estado.
No obstante, Estados Unidos subraya el aumento de recursos para la Procuraduría General de la Nación y reconoce los esfuerzos del Ejecutivo colombiano para procesar y castigar a los autores de abusos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, visitó Washington en febrero de este año, coincidiendo con los 15 años del Plan Colombia, el programa militar firmado en 2001 para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla.
Durante la visita del mandatario colombiano, el presidente de EE.UU., Barack Obama, se comprometió a solicitar al Congreso más de 450 millones de dólares para el país andino dentro de una nueva fase del plan «Paz Colombia» y que está condicionada a la firma de la paz con las FARC.
