El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, denunció este jueves (14 de abril) ante la Corte Suprema lo que ha calificado como «vicios que hieren de muerte» el proceso que puede llevar a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La demanda ante el Supremo fue presentada en vísperas de que la Cámara de Diputados inicie una serie de tres sesiones, que acabarán el domingo, para definir si el proceso avanza hasta el Senado, que tendrá la última palabra sobre la apertura de un juicio político contra la mandataria.
En rueda de prensa, Cardozo explicó que en la acción ante el Supremo se formulan «varios pedidos», entre los cuales citó como «principal» el que exige que se declare «nulo» el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examinó si existen méritos jurídicos para el proceso.
El informe fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes, quien aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Según Cardozo, la demanda presentada hoy no contesta «el mérito de la acusación», a pesar de que el Gobierno lo niega, sino que se restringe a lo que calificó de «vicios procesales».
El abogado general declaró que el informe del instructor citó casos «completamente ajenos» a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, «en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada».
En su opinión, «solo eso ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa» de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a «aquello que era objeto de la acusación».
Cardozo sostuvo que, «en la medida en que discutieron cuestiones ajenas a la acusación, hubo una contaminación del proceso, porque los diputados discutieron cosas que no se plantean en la denuncia».
El abogado general, que representa a Rousseff en el proceso, explicó que también ha solicitado al Supremo que «se rehaga toda la instrucción», que «se aclare el objeto de la denuncia» y que «se abra un nuevo espacio para la defensa».
La Corte Suprema decidió, por sorteo, que la demanda será examinada por el magistrado Luiz Edson Fachin, uno de sus once miembros, quien aún no ha anunciado cuándo puede pronunciarse sobre el asunto.
En ese sentido, Cardozo admitió que el propio juez se tomará el tiempo que «considere necesario», pero anticipó que si su decisión fuera tomada «con carácter de urgencia» y fuera favorable a Rousseff es posible que se suspendan las sesiones de votación que la Cámara baja se propone iniciar este viernes.
