— ¿Cuál es la posición del TDJ de La Paz respecto a los últimos casos de corrupción?
— Cuando me hice cargo de esta presidencia, hace dos meses, remarqué que mi gestión se caracterizará en asumir una posición de cero tolerancia a las inconductas, faltas, maltratos a la población litigante y a la comisión de delitos. Hoy me ratifico, remarcando que en toda actuación se cuide el respeto al debido proceso.
— ¿Esta posición es compartida por los vocales del TDJ?
— La sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz, conformada por 18 vocales, emitió una posición contra las acusaciones de algunos líderes de opinión involucrando a todo el Órgano Judicial en hechos de presunta corrupción, sin considerar que esos ataques genéricos afectan a la seguridad jurídica del Estado, al proceso democrático y también al Estado de derecho.
Como institución, creemos que es necesario que la población y las autoridades de los otros órganos del Estado consideren que la existencia del Órgano Judicial en un Estado democrático y constitucional adquiere sentido en el Valor Justicia y el que lo posibilita es el juez.
— En las últimas semanas implicaron en un caso consorcio un vocal y una jueza, ¿qué opina?
— Los casos de presuntas ilegalidades que se investigan en el Ministerio Público y que involucran algunos operadores de justicia, constituyen una excepción y no comprometen al Órgano Judicial en su totalidad, ni menos al tribunal de La Paz porque los presuntos delitos son cometidos por personas, no por instituciones.
— Seis funcionarios de un juzgado de familia fueron capturados por cohecho. ¿Qué se hace?
— El Consejo de la Magistratura —cuando se trata de faltas leves, graves y gravísimas en el ámbito disciplinario— debe actuar porque ésa es su función principal el cuidar que los principios de transparencia y eficiencia se cumplan en los juzgados, salas y tribunales. Y cuando se trata de presuntos delitos, los involucrados pasan a ser investigados por la Fiscalía.
— ¿Serán suspendidos?
— Ésa es una determinación que la debe asumir la Magistratura, pues si un funcionario no acude a cumplir sus funciones durante tres días consecutivos, puede ser apartado del cargo, previo proceso disciplinario. Los implicados están asumiendo su defensa ante las instancias respectivas conforme manda la Constitución y las leyes.
— ¿Qué opina sobre la acción del Consejo, de echar a un vocal y jueces por consorcio?
— La Magistratura tiene facultades para sancionar a los funcionarios en el ámbito administrativo y disciplinario; en cambio, la Fiscalía adopta decisiones de carácter penal en el marco de la Justicia Ordinaria. Por lo tanto, considero que el Consejo debería precisar si esas autoridades judiciales han sido cesadas en sus funciones o destituidas, con qué cargos y bajo qué figura legal y/o reglamentaria. Esta presidencia no ha recibido ninguna nota oficial al respecto. En todo caso, ya hemos dispuesto las suplencias para evitar retrasos en los procesos respectivos.
— ¿Esto afecta a la imagen del Tribunal de Justicia?
— Reprochamos enérgicamente que algunos funcionarios o líderes de opinión lancen acusaciones contra toda una institución, sin considerar que con ello dañan no solo la imagen, sino la seguridad jurídica y la credibilidad del Estado.
Mientras no haya sentencia judicial, se debe presumir la inocencia de los denunciados. Ése es un principio constitucional.
— Abogados y litigantes creen que hay un clima de incertidumbre. ¿Esto es cierto?
— No es verdad. Los vocales, jueces y personal de apoyo estamos trabajando con normalidad en cumplimiento estricto de la legalidad y la lucha contra la mora procesal, corrupción o ineficiencia funcionaria, fenómenos contra los que se deben seguir adoptando medidas más rigurosas.
— ¿Se coordina con la Fiscalía y la Policía para luchar contra la corrupción?
— La Constitución establece la necesidad de coordinación y cooperación del Órgano Judicial con otras instancias, entre ellas el Ministerio Público y la Policía. Haremos las gestiones para cumplir con el mandato. Pedimos a ellos y otras instancias actuar con objetividad material, indagar científicamente el nexo de causalidad de los hechos y asumir decisiones con mayor consistencia en todos los casos.
— ¿Cuáles serían las consecuencias, si la institucionalidad de la justicia se ve debilitada?
— Disminuir o afectar la integralidad del Valor Justicia y de la institucionalidad del sistema judicial. Quebrantaría el control de legalidad. Ante la ausencia de este elemento esencial, ni la coercitividad más extrema, menos las decisiones políticas, podrán reconstruir un orden institucional jurídico fundamental para la convivencia de la ciudadanía, porque en definitiva, el Órgano Judicial constituye y debe seguir constituyendo el cimiento medular del sistema democrático, constitucional y de derecho.
— ¿Cree que la Cumbre Nacional de Justicia podrá dar una solución a esta problemática y a la crisis judicial que hay?
— Es una gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación profunda en el sistema judicial, cuyos males y limitaciones son de carácter estructural y devienen desde hace muchas décadas. Los problemas de la justicia son gigantescos y las pautas de solución deben ser de la misma magnitud, si en esa ocasión hay una participación plural de todas las instancias, sobre todo del Órgano Judicial, para que las propuestas sean tratadas de manera técnica y jurídica. Si los cambios sugeridos son respetados y ejecutados a la brevedad posible, creo que se va a sembrar en tierra fértil.
