El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quedó en las manos del Senado, en donde la mayoría es partidaria de su destitución, según sondeos hechos entre los legisladores y divulgados este lunes (18 de abril) por los grandes diarios de Brasil.
La apertura de un juicio político con el fin de su destitución a la jefe de Estado fue aprobado el domingo por 367 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de Diputados y, para que prosiga, sólo necesita del respaldo de la mayoría simple en la Cámara Alta: 41 de los 81 senadores.
Los sondeos realizados por los diarios O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo entre los miembros de la Cámara Alta, indican que entre 45 y 47 senadores apoyan el juicio político.
Según O Estado de Sao Paulo, de los 81 senadores, 45 son favorables al proceso a Rousseff, 21 se oponen, 6 se dicen indecisos y 9 prefirieron no pronunciarse.
Entre los senadores con los que habló el diario O Globo, 46 se declararon favorables al proceso, 20 se mostraron en contra y 15 afirmaron que están indecisos o prefirieron no pronunciarse.
El sondeo del diario Folha de Sao Paulo señala que 47 senadores pretenden aprobar el juicio, 19 quieren frenarlo, 5 dijeron estar indecisos y 10 no declararon su intención o no respondieron a la encuesta.
Tras la aprobación de la apertura del juicio en la Cámara de Diputados, el Senado debe pronunciarse en unos veinte días.
Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar entre los próximos martes y miércoles una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días útiles.
El informe se remitirá entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple de sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político a Rousseff, lo que puede ocurrir alrededor del 10 de mayo.
Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff ha sido acusada de realizar maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
