Las redes sociales son el mejor medio para contactarse con los ciberactivistas. Desde ese espacio cuestionan la intención de sectores oficialistas de normar el uso del ciberespacio y en su lugar plantean crear una agenda de educación digital. No obstante, el Ministerio de Educación también propone algo similar.
“No se puede normar, controlar o censurar el uso de las redes sociales. Por ello, se plantea como exigencia al Gobierno crear una agenda sobre la educación digital en Bolivia. Educar antes que censurar”, reseña un escueto pronunciamiento de un grupo de ciberactivistas que prefieren mantener el anonimato. A pesar de ello, y en medio de susceptibilidades por el anuncio de regular el uso de esta herramienta preparan una propuesta para congelar el proyecto de ley.
Este planteamiento concuerda con uno que el Gobierno prevé poner en marcha con el fin de “educar” sobre esta temática en las escuelas del país, aunque considera importante normar ese espacio para evitar, por ejemplo, el anonimato e ilícitos como la trata y tráfico, y los secuestros de menores, explicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
La propuesta además consigna otros dos aspectos. El primero prevé la creación y el potenciamiento de centros NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) en todo el país y el otro tiene relación con una mejor y mayor conexión a internet con fibra óptica.
“Estamos esperando cualquier pronunciamiento o intención sobre estas actividades”, precisa el comunicado de los ciberactivistas lejanos del bloque que respalda al Gobierno. Analizan medidas legales para dejar sin efecto la ley de los cocaleros si llega a tratarse en el Legislativo.
Ivanna Torrico, especialista en comunicación digital, aseguró que “las redes sociales no le pertenecen a nadie más que al pueblo”, por ello “una ley mordaza en tiempos de democracia es un grave error”. Por su lado, la ciberactivista Eliana Quiroz, consideró que la regulación “no es posible ni deseable” si se antepone al derecho a la libertad de expresión.
Dos nuevos delitos
Ciberactivistas como Eliana Quiroz respaldan la intención de crear un par de figuras penales inexistentes en el Código Penal: el linchamiento digital y la suplantación de identidad. Dos figuras de aplicación exclusiva en casos relacionados con las redes sociales.
Redes sociales en escuelas
El Gobierno instalará en las escuelas del país un plan de capacitación y educación sobre las cualidades y riesgos que conlleva el uso de las redes sociales por niños y adolescentes. “Educaremos en redes sociales, ése será el camino fundamental. Será a través de las escuelas del sistema educativo”, indicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar, al referirse a las medidas que asumirá el Ejecutivo.
“Se hará fundamentalmente orientación”, insistió Aguilar sin precisar mayores detalles. Descartó que el Gobierno pretenda restringir la libertad de expresión y los contenidos en ese espacio, tal como lo advierten autoridades de fuerzas opositoras al Gobierno.
Un criterio que respaldó el ministro de Autonomías, Hugo Siles. De hecho, su colega de la cartera de Desarrollo Rural, César Cocarico, aseguró que “los opositores malinterpretan” al afirmar que el Gobierno planea, a través de la recientemente creada Dirección de Redes Sociales, amedrentar a los cibernautas con criterio distinto al del Ejecutivo.
La gran mayoría de internautas del país concuerdan con la premisa de educar y brindar protección a los cibernautas. No obstante, advierten de vacíos legales que posibilitan la comisión de ilícitos en contra de menores de edad, principalmente.
