La nacionalización de los hidrocarburos, pilar de la economía del país, cumple hoy una década con al menos tres tareas pendientes: la aceleración de la inversión extranjera en el sector, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y la participación estatal en la renta petrolera.
Hace 10 años, a las 12.40 del 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales firmó en el megacampo gasífero San Alberto, en el municipio chaqueño de Caraparí (Tarija), el Decreto Supremo Héroes del Chaco que nacionalizaba los recursos hidrocarburíferos del país y recuperaba para Bolivia la propiedad y el control absoluto sobre la cadena del gas y el petróleo.
10 años después, la medida aún no fue acompañada por la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, el mantenimiento del porcentaje original del Estado en la renta petrolera y una mayor inversión del sector privado, en especial en exploración.
Según datos de YPFB, las petroleras privadas incrementaron sus inversiones ejecutadas de $us 158 millones en 2006 a 878 millones en 2014 —cuando se registró el pico máximo de uso de recursos en el sector—; mientras que las inversiones de la corporación estatal subieron en ese mismo periodo de $us 115 millones a 1.519 millones. En el primer caso aumentaron 5,5 veces y en el segundo poco más de 13 veces.
Así, la participación de las compañías privadas en las inversiones ejecutadas en el sector era de 58% en 2006, 42% en 2014 y 36% en las programadas del año pasado.
En el país, “las privadas solo han invertido lo necesario para reponer reservas y continuar con sus operaciones. En 10 años solo ingresaron (al sector) dos firmas de gobiernos amigos” de la administración boliviana: “la venezolana PDVSA, para conformar Petroandina con YPFB; y la rusa Gazprom, para asociarse con la francesa Total”, afirmó el especialista en hidrocarburos Hugo del Granado.
El experto y los exministros de Hidrocarburos Álvaro Ríos y Mauricio Medinaceli coincidieron en que la nacionalización no promovió la llegada a Bolivia de nuevas petroleras interesadas en explorar para incrementar las reservas hidrocarburíferas e hizo que las firmas que ya se encontraban en el país volcaran sus recursos principalmente al desarrollo de campos.
Esta falta de recursos para la búsqueda de nuevos recursos de gas y petróleo “obligó al Estado a invertir” mediante YPFB en esta actividad altamente riesgosa, sostuvo el investigador del CEDLA Carlos Arze.
Los cuatro concordaron en que este panorama mejoraría con una nueva norma sectorial que ofrezca beneficios a las petroleras de otros países, las cuales aún no se animan a pisar suelo boliviano pese a la aprobación del Decreto 1202 de Incentivos a la Producción de Hidrocarburos a través de notas de crédito fiscal (2012), del Decreto 2366 que permite la explotación petrolera en áreas protegidas y de la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (2015).
Contexto. Desde 2005, el sector petrolero se rige bajo una ley (3058) que fue elaborada bajo parámetros de la Constitución de 1967 y que no fue adecuada aún a la Carta Magna de 2009. “Los años de nacionalización generaron muchos cambios que hacen necesario mejorar y revisar procesos como la industrialización (…) para garantizar que estas actividades se sigan incrementando”, informó a La Razón el presidente de YPFB, Guillermo Achá.
Ríos indicó que la Ley 3058 fue realizada con criterios políticos más que técnicos, por lo que la nueva norma debería incentivar la llegada, principalmente, de capital de riesgo para exploración con incentivos como “no pagar por cinco años el IDH”.
La actual norma es “obsoleta” y debe ser actualizada, porque al momento se atraviesa por un nuevo “ciclo petrolero”, dijo Del Granado, mientras que Medinaceli y Arce sugirieron, respectivamente, que la nueva ley de hidrocarburos debe “permitir sembrar y abrir nuevos mercados” y establecer que el Estado se haga cargo de la producción y las compañías extranjeras de la exploración.
En 2015 se ejecutaron $us 1.860 millones en todo el sector y se programó una inversión de 12.681 millones para este y los próximos cuatro años.
Otro punto que es criticado por los cuatro analistas es el de la participación del Estado en la renta petrolera. El Decreto “Héroes del Chaco” 28701 establece que el 82% de la producción de los hidrocarburos debe ser para el Estado y el 18% para las compañías privadas (porcentaje “que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades”).
Ya en 2014, el vicepresidente Álvaro García admitió que el porcentaje de los ingresos petroleros que le corresponde al país no es del 82% —como aún sostienen varias autoridades del Gobierno—, sino del 74,7% debido al pago que se hace a las operadoras por costos recuperables. “La participación del Estado en cada contrato de operación oscila entre 75 y 80%, muchos por encima”, confirmó Achá en entrevista con este medio.
Del Granado y Arze sostienen que la nacionalización no fue completa, porque las “transnacionales” continúan operando en el país y la medida se limitó a impulsar un modificación de contratos en 2007.
Recursos destinados para esta gestión
Las inversiones efectuadas en el sector hidrocarburífero en los últimos 10 años (2006-2015) alcanzan los $us 11.183 millones. La inversión presupuestada para esta gestión llega a los $us 2.660,55 millones, de los cuales el 61% se destinó a la exploración y explotación petrolera; el 18% a proyectos de industrialización y petroquímica, el 11% a proyectos de transporte y logística y el restante 10% a otras unidades de negocios, según información de la estatal petrolera.
