Asambleístas de oposición de la comisión legislativa que investiga el caso CAMC rechazaron ayer el intento de cerrar la investigación, cuando aún faltan 20 días para el término del plazo. El oficialismo adelantó que no se evidenció tráfico de influencias.
“Rechazamos este intento de cerrar la comisión. El plan de trabajo que se aprobó por unanimidad en esta comisión establece que tenemos hasta el 23 de mayo para analizar toda la documentación y el resultado de las entrevistas”, reprochó el senador opositor de Unidad Demócrata(UD) Óscar Ortiz.
La comisión sesionó ayer y se evaluó el informe de la vía férrea Bulo Bulo-Montero, cuya construcción estaba a cargo de la empresa CAMC. Esta instancia legislativa se creó para indagar si existen vínculos en la contratación de la firma asiática, en la que trabajó Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. Los asambleístas se aprestaban anoche a dar las conclusiones en un informe final de investigación; sin embargo, hasta el cierre de edición la sesión proseguía.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero adelantó ayer que en más de 78 días de investigación no se encontró ni un “solo indicio” para confirmar el tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china.
“En más de 78 días de investigación no existe ni una sola prueba de tráfico de influencias y la hipótesis de la oposición se cayó. ¿Para qué quieren más tiempo? quieren ganar tiempo para enredar, confundir y tratar de sostener una mentira. De los seis contratos investigados, tres se suscribieron con la empresa donde trabajaba Zapata, en estos tres hubo convocatoria pública y procesos transparentes”, agregó. Ortiz señaló que fiscalizarán el trabajo del Ministerio Público y observó que no se haya citado a declarar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ni a otras personas relacionadas con el caso.
“Es incomprensible que se pretenda cerrar la comisión sin haber convocado a Cristina Choque o al ministro Quintana. Nosotros creemos que sí hubo delitos”, dijo Ortiz. “Esta comisión investiga a las entidades del Estado, no a particulares”, respondió Rivero.
