Entiendo la ira de las personas con los políticos corruptos, pero la historia demuestra que, por muchos que se encarcelen, no se detendrá la corrupción ni se devolverá lo robado. Si hasta me parece contraproducente; pareciera que estas campañas sirven para distraer a la opinión pública y para esconder el problema de fondo de la corrupción: el sistema estatista que es al que debería “encarcelarse”.
La situación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se agravó y ahora la Fiscalía pide investigar al expresidente Lula da Silva, a tres ministros y a otros 27 políticos por los escándalos en Petrobras. Rousseff puede ser separada de su cargo si el Senado abre un juicio político, mientras el Procurador General asegura que “en el ámbito” del gobernante Partido de los Trabajadores hay elementos que prueban la existencia de una “organización criminal”.
Entretanto, la Justicia argentina empezó a investigar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde que Macri asumió la presidencia, y mientras tiene problemas serios, el Poder Judicial ha acelerado las causas por corrupción durante el gobierno anterior y, de hecho, ya hay encarcelados. Por cierto, es llamativo que los mismos jueces que no sospechaban de los anteriores gobernantes cuando estaban en el poder hoy encuentren que son culpables.
Y éstos son solo dos ejemplos de los muchos que hay. La corrupción está generalizada porque es intrínseca al Estado moderno, que es el monopolio de la violencia con el cual gobierna: impone sus leyes con la fuerza policial. Y ya decían los griegos que la violencia es aquello que corrompe a la naturaleza. A diferencia del mercado —las personas— donde las transacciones se realizan tras un natural acuerdo mutuo, el Estado impone coactivamente leyes dejando el poder de decisión en burócratas susceptibles de ser sobornados.
Si comparamos el índice de corrupción de Transparency International con el de Libertad Económica de la Heritage Foundation, más allá de los errores lógicos en estas mediciones, vemos que los países más corruptos son los menos libres, aquellos donde el Estado tiene más peso, y sus burócratas, mayor poder de decisión.
Entre los menos corruptos aparecen Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, luego EEUU (en el puesto 16), y más adelante Uruguay (21), Chile (23) y Colombia (83); y ya entre los más corruptos están Yemen (154), Haití y Venezuela (158) y finalmente Corea del Norte y Somalia (167). Y en cuanto a los países más libres económicamente hablando figuran Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia, Reino Unido, EEUU, Dinamarca; y luego, en el puesto 33 estaría Colombia, Uruguay (41), Perú (49), Costa Rica (50), México (62), Panamá (66), Guatemala (82), Nicaragua (109), Honduras (113), Brasil (122), Ecuador (159), Bolivia (160), Argentina (169), Venezuela (176), Cuba (177) y Corea del Norte (178).
En fin, para terminar, un caso real que muestra que la corrupción es intrínseca al estatismo. Para presentarse a las licitaciones de obra pública, los gobiernos exigen una serie de condiciones; y a fin de cuentas un ministro decide quiénes pueden o no presentarse, y los elegidos se cartelizan y reparten las obras a realizarse con grandes sobreprecios. El ministro no es sobornado, pero cuando se retira del Gobierno, el ganador de la obra pública lo nombra director de otra empresa de su grupo con una remuneración elevadísima; todo legal.
