La aprobación del Decreto Supremo (DS) 2754, que abroga la norma que prohíbe el uso de dinamita o de cualquier otro explosivo en manifestaciones, fue rechazada por Fabián Siñani, concejal paceño de Soberanía y Libertad (Sol.bo).
El 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente Evo Morales aprobó siete decretos a favor de los obreros, uno de los cuales dejó sin efecto el Decreto Supremo 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y el uso de explosivos en manifestaciones.
“Llama la atención que el Gobierno en 2012 haya generado esta prohibición y ahora la haya dejado sin efecto, devela una falta de coherencia de parte del Gobierno. Pero sobre todo nos preocupa porque con estos dinamitazos generan daños auditivos, estrés y otros problemas en la salud no solo de los transeúntes, sino incluso en las personas que manipulan dinamitas”, afirmó el concejal paceño.
El DS 2754, además, contradice a la Ley de Armas aprobada en 2013, norma que en su artículo 51, inciso E, estipula que se prohíbe la tenencia, porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, evitó referirse a este nuevo decreto. El miércoles, sus colegas de Defensa, Reymi Ferreira, y de Minería, César Navarro, justificaron la aprobación de esta normativa, exigida por la Central Obrera Boliviana (COB), porque el uso de la dinamita permitió a los obreros defenderse de la oligarquía.
Siñani resaltó el daño que causa la utilización de explosivos en las manifestaciones, especialmente en la ciudad de La Paz. “Lanzan —la dinamita— en las vías centrales donde se realizan las marchas, sobre la capa asfáltica, y generan daños. Esto nos obliga a refaccionar, a realizar el mantenimiento o bacheo, lo que tiene un costo y ese costo lo pagamos los paceños”, lamentó la autoridad edil.
