La comisión del Senado que ha deliberado sobre la posible existencia de base jurídica para la apertura de un juicio contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, inició este viernes (5 de mayo) una votación que empezará a definir el futuro de la mandataria.
La comisión tiene 21 miembros de todos los partidos representados en el Senado y votará un informe del instructor del caso, Antonio Anastasia, que recomienda la instauración del proceso, ya que, en su opinión, se cumplen todos «los requisitos legales».
Según Anastasia, la denuncia, sustentada en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015, presenta los requisitos «exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida».
El instructor dice que su voto «es por la admisión de la denuncia con la consecuente instauración de un proceso de ‘impeachment’, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso» que puede llevar a recortar el mandato de la presidenta.
Si el informe elaborado por Anastasia tras escuchar los testimonios de la acusación y de la defensa es aprobado, será remitido al pleno del Senado, que la semana próxima decidirá si se inicia el juicio contra Rousseff.
En caso de que la mayoría simple entre los 81 senadores del pleno se incline por instaurar el juicio político, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
En ese período, sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada hace meses y que ya ha comenzado a articular la composición del Gobierno que puede asumir una vez que la mandataria sea notificada oficialmente del inicio del juicio.
