La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere “juzgar” a su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones.
“Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar”, dijo Rousseff durante la inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins (norte).
Esta es la primera vez que sugiere en público la celebración de elecciones, pero esta posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un mandatario. La Presidenta también reiteró su tesis de que el proceso de destitución se trata de un “golpe” de Estado, porque “no tiene base legal” y porque ella “ni siquiera” participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición. La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños.
Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para “acabar” o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno. Rousseff también reiteró que va a “resistir hasta el fin”, por lo que no renunciará aunque el Senado decida en los próximos días iniciar el juicio político, para lo que sería necesaria la mayoría simple de los 81 senadores. La votación crucial se celebrará previsiblemente el próximo miércoles en el pleno de la Cámara Alta, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente.
Si los senadores aprueban el inicio del juicio político, la Presidenta se verá obligada a apartarse del cargo hasta que se culmine el proceso, que puede alargarse por un máximo de 180 días. Durante ese periodo, Temer asumiría la presidencia de forma temporal y, si el Senado se inclina por la destitución, completará el mandato de Rousseff que termina el 1 de enero de 2019.
Recurso. El diputado Paulo Teixeira, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal para anular la votación que tuvo lugar el 17 de abril en la Cámara de Diputados, con el propósito último de bloquear el procedimiento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que será puesto a consulta en el Senado.
Aquel día, una aplastante mayoría de diputados (367 contra 146) aprobó en una sesión plenaria el procedimiento de destitución contra la Presidenta brasileña, acusada por la oposición de maquillar las cuentas públicas en 2014, año de su reelección. Teixeira pidió anular dicha votación por considerarla “nula”, por cuanto “los líderes de los partidos ejercieron presión sobre sus diputados”.
Dicha tesis se basa en el hecho de que el muy controvertido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (impulsor de la destitución de Rousseff y quien dirigió la sesión de votación el 17 de abril) fue suspendido el jueves por la Justicia por obstaculizar las investigaciones sobre corrupción en el caso Petrobras, en el que presuntamente está involucrado.
Teixeira alega que los dirigentes de los grupos parlamentarios, bajo la batuta de Cunha, “violaron claramente el derecho al libre arbitrio” de los diputados, lo que está prohibido por la ley que rige el impeachment o juicio político. Afirma que numerosos diputados votaron por temor a represalias, como la posibilidad de ser expulsados de su partido en caso de desobediencia.
