La sesión extraordinaria de la Asamblea General (United Nations General Assembly Special Session, UNGASS) sobre el Problema de las Drogas en las Naciones Unidas deja como positivo la aceptación del sistema a que los Estados miembros puedan reencauzar sus políticas sobre drogas de acuerdo con sus prioridades, necesidades y contextos específicos, según la declaración aprobada en Nueva York.
Tal vez Colombia, Guatemala y México (países que pidieron la realización de UNGASS), muy golpeados por el enfoque prohibicionista de las convenciones que regulan las plantas hoy ilegales (coca, cannabis y adormidera), habrían esperado la modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, para hacer un giro que dé por terminada la aproximación a la problemática desde la “guerra contra las drogas”.
Los pedidos de cambio se dan porque el enfoque actual, entre sus más nocivas consecuencias, ha producido muertes y violaciones a los derechos humanos. Al final de la jornada, la ONU cede un poco y admite los cambios de enfoque que cada país vea conveniente hacer dentro de su soberanía. Por esto se puede decir que el saldo es positivo.
En cuanto al proceso preparatorio hay que registrar lo que Lisa Sánchez, directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, denuncia como un camino más bien opaco y con limitaciones para la participación de la sociedad civil interesada en un nuevo enfoque. Funcionaron una serie de mecanismo utilizados para restringir y limitar un debate franco y abierto.
Con relación a Bolivia, no se puede dejar de notar su falta de interés y su no participación en el proceso UNGASS. Llama la atención que un país que vive la problemática de las drogas se haya mostrado un tanto ajeno.
El editor
