Cuando leí la noticia en redes sociales, pensé que era una broma; ya saben, como los falsos tweet del Presidente. Pero cuando los medios tradicionales comunicaron que efectivamente el Gobierno había abrogado la prohibición del uso de dinamita en manifestaciones, me quedé sin palabras.
Busqué en las declaraciones oficiales las razones que impulsan esta nueva política, ya que no puede ser cierto que se reivindique el carácter “cultural” e “histórico” del uso de los dinamitazos. La normativa subraya que el “fin es garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos”. ¿Por qué un gobierno democrático asume que la sociedad civil necesita usar dinamita para hacerse escuchar?
En otras declaraciones, los ministros de Defensa y Minería, Reymi Ferreira y César Navarro, respectivamente, justificaron la aprobación de esta normativa “porque el uso de la dinamita permitió a los obreros defenderse de la oligarquía”. Si recordamos que el propio MAS promulgó en 2012 una normativa que genera su prohibición, nos preguntamos: ¿qué cambió desde entonces? ¿Es que ahora el movimiento social debe prepararse para enfrentarse a un gobierno oligárquico?
El 18 de septiembre de 2012, el minero Héctor Choque falleció a causa de la explosión de un cachorro de dinamita, lanzado por los cooperativistas contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), lo que provocó la aprobación del Decreto 1359, que establece “prohibir la tenencia y/o uso de materias explosivas (…) en manifestaciones y movilizaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada”. Esta decisión se basa en varios artículos de la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código Penal; pero sobre todo en el principio de que “es deber del Estado garantizar la seguridad común para la vida”. Este principio se ratifica en la Ley de Armas aprobada en 2013, norma que en su artículo 51 estipula que se prohíbe la tenencia, porte o uso de explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”. Ignorando estas consideraciones de orden legal y social, de un plumazo y mediante decreto, el Presidente retrocede en su anterior decisión. Como celebración de esta medida, el pasado 1 de mayo, tras un accidente por manipular dinamita durante los festejos en la localidad de Achacachi, falleció Máximo Mamani, confirmando el peligro que esta medida implica no solo para quienes deciden “utilizar” la dinamita, sino para el conjunto de ciudadanos que somos parte de esta comunidad.
¿Qué hace que el Estado boliviano decida perder el monopolio del uso legítimo de la violencia? Y lo más importante, ¿a favor de quién dimite este derecho? La respuesta viene de otra noticia registrada en el municipio minero de Colquiri, cuando el presidente de la Cooperativa 26 de Febrero, Moisés Medina, dijo que están dispuestos a que salga un “ejército de mineros” para defender nuevamente la reelección del Mandatario. Privilegiar con un decreto absurdo a un sector que hace mucho tiempo dejó de ser “vanguardia proletaria y revolucionaria de Bolivia” en detrimento de los transeúntes urbanos que sufrimos daños auditivos, estrés y riesgo de muerte ante el uso de la dinamita, es un error político. Pero en el fondo de este conflicto está la pregunta ¿qué democracia queremos? ¿En qué condiciones queremos que la sociedad civil dialogue con su gobierno? Seguro que la respuesta quedará ahogada con el estruendo de un dinamitazo.
