El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este martes que la entidad realizará una consulta jurídica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el proceso político que amenaza con apartar del cargo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
«Tenemos que hacer una consulta jurídica a la Corte Interamericana de Derecho Humanos en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos en este caso, especialmente en derechos civiles y políticos que permiten el funcionamiento de la democracia», aseguró Almagro en declaraciones a periodistas.
El secretario general de la OEA se reunió hoy con Rousseff en el palacio presidencial de Planalto y expresó su preocupación con la posible apertura de un juicio legislativo con miras a acortar el mandato de la jefa de Estado, reelegida en 2014 para un segundo mandato.
Almagro señaló que, tras reunirse con representantes de los tres poderes, tiene «algunas inquietudes e incertidumbres jurídicas», como la «legalidad de las causas invocadas para el ‘impeachment'».
«La legalidad de las causas es un tema fundamental para entender las razones jurídicas del ‘impeachment’, que tiene que tener razones jurídicas, aunque sea un juicio político», agregó.
Almagro subrayó que los planteamientos realizados por la OEA al respecto no «fueron respondidos de manera satisfactoria» y «contundente» por el Legislativo.
«Tenemos responsabilidades en cuanto a observar el funcionamiento de la democracia en el continente» y «tenemos que monitorizar y actuar, llegado el caso, cuando hay una alteración del orden constitucional en un país. Por eso el estudio de la legalidad de las causas es fundamental en ese aspecto», apuntó.
Para el excanciller uruguayo, otro de los puntos que crean «inecertidumbre jurídica» es el «alto porcentaje» de diputados y senadores que tiene cuentas pendientes con la Justicia por alegada corrupción.
En ese sentido, Almagro citó al expresidente de la Cámara de los Diputados Eduardo Cunha, quien fue el impulsor de los trámites para la apertura del proceso político contra Rousseff y cuyo mandato fue suspendido por la Corte Suprema por corrupción y «obstrucción a la justicia».
Rousseff podría ser mañana apartada de su cargo si los senadores deciden que existen méritos jurídicos para la apertura de un juicio legislativo con miras a su destitución.
En ese caso, Rousseff sería substituida por un periodo de 180 días por su vicepresidente, Michel Temer, quien podría concluir el mandato que finaliza el 1 de enero de 2019 si la mandataria finalmente en despojada de su cargo en el propio juicio político.
(10-05-2016)
