Días atrás, durante el taller “Plan de acciones para la conservación del bufeo boliviano: mitigación de los impactos de represas, pesca y deforestación”, realizado en Cochabamba, dos de los participantes denunciaron que pescadores furtivos están acabando con los delfines rosados de agua dulce que existen en los ríos de la Amazonía boliviana para utilizarlos como carnada.
Durante el evento, realizado el 26 y 27 de abril, Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma de Beni, denunció que, según datos proporcionados por pescadores asociados de Puerto Villarroel (Cochabamba), en 2015 fueron eliminados al menos 160 bufeos, y en lo que va del año, 45. Esto porque el olor de la grasa del bufeo atrae mejor que cualquier otra carnada a peces blanquillo carroñero, que son muy demandados en el mercado, sobre todo en Quillacollo y Cochabamba.
Tomando en cuenta que la población de delfines rosados en Bolivia no supera los 1.000 ejemplares, según datos del Sernap, el presunto atentado contra esta extraordinaria especie no debería pasar desapercibido entre las autoridades responsables de preservar el medioambiente, más aun tratándose de un animal no solo muy inteligente sino también muy dócil, que responde favorablemente al trato de las personas, y que por tanto podría servir para potenciar el turismo en la Amazonía boliviana.
Para corroborar estas denuncias, el Ministerio de Medio Ambiente envió dos comisiones técnicas, que no hallaron rastros de la matanza de bufeos en inmediaciones del río Mamoré (Beni) luego de tres días de inspección. Sin embargo, el CIRA ratificó su denuncia, y el titular de esa institución aclaró que previsiblemente no se encontraron indicios porque se trata de restos orgánicos que son lanzados al agua o bien se descomponen sin dejar rastros. Tomando en cuenta estas consideraciones, lo peor que podría pasarle a los delfines del país es que las autoridades se conformen con estas dos inspecciones y decidan no realizar pesquisas más profundas.
De todas maneras, más allá de la denuncia que aquí se comenta, resulta evidente que hace falta mejorar, con urgencia, los controles en la Amazonía boliviana para garantizar la supervivencia de los delfines y de otras especies que se encuentran amenazadas. Y es que la gran labor que realizan los 371 guardaparques del país, quienes deben cuidar 22 áreas protegidas que tienen una extensión total de 17 millones de hectáreas (41.000 hectáreas cada uno en promedio), resulta a todas luces insuficiente. De allí la importancia de reforzar los controles en los parques forestales, empoderando por ejemplo a la propia población que habita en ellos, con tecnología satelital y otros instrumentos que les permita luchar en igualdad de condiciones contra los cazadores furtivos, que hoy por hoy operan con total impunidad.
