Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, ya suma ocho delitos en su contra luego de que la Fiscalía la acusara hoy de asociación delictuosa en el marco de una investigación que la mantiene en la cárcel de Miraflores por el uso de bienes del Estado para fines personales, informó su abogado Williams Sánchez.
“Para el día viernes se nos ha citado a una declaración para que pueda declarar sobre un tipo penal de asociación delictuosa que se le ha incorporado. No se nos ha dicho de quiénes se trataría o quiénes estarían compuestos”, señaló la defensa de Zapata, exfuncionaria de la firma china CAMC vinculada con denuncias de tráfico de influencias.
La expareja de Morales es acusada por los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas ilegítimas.
Es una de las principales acusadas por el uso de bienes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para fines personales. El caso fue destapado por el periodista Carlos Valverde, quien en febrero denunció tráfico de influencias a partir de la relación sentimental entre Morales y Zapata, quien era funcionaria de CAMC, con contratos por más de $us 500 millones.
La Fiscalía inició investigaciones a denuncia del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La Asamblea Legislativa Plurinacional formó una comisión que concluyó la no existencia de indicios de tráfico de influencias.
En el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fueron abiertas este miércoles al menos 15 cajas con documentos secuestrados de las oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y del domicilio Zapata, en la zona Sur.
“Se han abierto paquetes en general donde existen archivadores, unos documentos personales, entre esos están los contratos de préstamo que ha realizado la señora Gabriela Zapata, tanto como acreedora, como deudora”, informó Sánchez, quien agregó que en la revisión fueron encontrados algunos sellos de la empresa Consilium, cuya principal accionista es su cliente.
Sánchez aseguró que toda la documentación servirá de base para demostrar que no hubo legitimación de ganancias ilícitas. Su cliente y Cristina Choque, exresponsable de la Unidad de Gestión Social, también encarcelada por el caso, acudieron a la audiencia de apertura de los documentos. (11/05/16)
