El expresidente Evo Morales insistió en que la supuesta “prórroga de magistrados” es un “pago” a los magistrados por inhabilitarlo como candidato hacia las elecciones de 2025.
“El ‘lawfare’, o uso de la justicia como arma política, también se ejecuta en #Bolivia con amenazas de juicios para encarcelarnos, investigaciones con cartas falsas para proscribir al MAS-IPSP y maniobras para prorrogar a magistrados del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) como pago para inhabilitarnos”, escribió Morales en Twitter.
Esta vez, el exmandatario recordó que algo similar ocurrió en Brasil, en 2018, cuando la Justicia de ese país determinó el encarcelamiento del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 580 días. “Fue ‘un montaje’ y ‘no de los mayores errores judiciales en la historia del país’”, consideró.
No es la primera vez que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) alude a tal “pago”. El 16 de agosto, a través de la misma red social, Morales publicó: “Cuando un dirigente indígena denuncia corrupción en defensa del Estado, el ministro conocido por anticipar sentencias del Tribunal Constitucional rápidamente arma un juicio con condena anunciada. El pago ofrecido a los magistrados por la inhabilitación es la prórroga en sus mandatos”.
Entonces, surgían los entredichos entre Morales y el ministro de justicia, Iván Lima, de quien dijo, lidera la firma de abogados Lima & Asociados y que supuestamente contrató una empresa para que demande al Estado por Bs 35 millones. Según dijo el exmandatario, el bufet de juristas recibiría un pago del 10% de ese monto.
Evo Morales
En medio de duras críticas, Morales acusó a Lima de “sabotear” las elecciones judiciales, cuyo debate en la Cámara de Diputados espera una respuesta del TCP en torno al proyecto de ley aprobado en Senadores.
El miércoles, la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados envió una consulta a cuatro instituciones en el afán de recoger criterios sobre la viabilidad de la propuesta de norma, una de ellas es el TCP.
Sobre eso, el diputado Andrés Flores, jefe de la bancada del MAS en ese órgano camaral, afirmó en La Razón Radio que esperan una respuesta del TCP en, “máximo”, 15 días.
El 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023, que anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, y dejó en fojas cero el proceso.
El documento manda también a que todas las decisiones en torno a ese proceso se aprueben con los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa.
Desde entonces, surgió la necesidad de “consenso” entre las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.
