El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y jefe de bancada en ese órgano camaral afirmó, Andrés Flores, que el proyecto de ley aprobado por el Senado en torno a las elecciones judiciales cuenta con “varios vacíos”.
Ese proyecto de ley, fue abordado por la Comisión de Constitución de Diputados, que decidió enviar en consulta al Órgano Judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para “no cometer errores” y garantizar los comicios.
“Viendo la parte legal, no entiendo por qué razón el Senado aprobó con algunos vacíos este proyecto de ley. (Por lo tanto), se ha pedido la revisión para no tropezar (con que) ningún ciudadano pueda (a través de una acción) declarar inconstitucional (el proceso)”, dijo el oficialista a en una entrevista con La Razón Radio.
Defendió la decisión la Comisión de Constitución y señaló que es una medida “no para obstaculizar, sino evitar errores”.
Uno de los “vacíos” que identificó Flores tiene que ver con el fin del mandato de los actuales magistrados, el 2 de enero de 2024, en relación con la fecha de los comicios, previstos para “mediados de enero”. “No dice, a partir de qué fecha, quién va a asumir o cómo vamos a hacer, eso deja un vacío”, cuestionó.
La propuesta de Flores, ante el “vacío de poder”, es la creación de una “ley corta, por un tiempo de 30 días” y señaló que esa posible solución está en debate en Diputados.
En una entrevista con La Razón, el senador Henry Montero dijo que, ante la imposibilidad de alargar el mandato de los magistrados o de sus suplentes, la solución es “alargar los tiempos procesales”.
Consultado al respecto, Flores fustigó: “En el país hay varios procesos en el Órgano Judicial, no podemos perjudicar a la población (que espera la resolución de sus procesos). Tiene que haber alguien (aunque) momentáneamente)”.
Ahora, la Comisión encargada de la revisión del documento, espera una respuesta del Órgano Judicial, el TCP y del TSE en un plazo de 15 días, que, según dijo Flores, “es el tiempo establecido por la normativa”.
El 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023, que anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, y dejó en fojas cero el proceso.
El documento manda también a que todas las decisiones en torno a ese proceso se aprueben con los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa.
Desde entonces, surgió la necesidad de “consenso” entre las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.
Entretanto, un grupo de legisladores instaló una huelga de hambre en el edificio legislativo Exige que el debate de esa propuesta de norma pase al plenario por dispensación de trámite, es decir, sin que sea revisada por la comisión correspondiente.
