Chile asienta la tesis de que el Silala es un río y no un manantial en cartografía boliviana de 1884, en el que el recurso hídrico es parte de un río, reveló el coagente chileno Juan Ignacio Piña. Añadió que la Dirección de Fronteras y Límites acopia antecedentes cartográficos, hidrológicos y técnicos para respaldar el litigio por derechos sobre esas aguas.
“Nosotros tenemos antecedentes cartográficos desde 1884, cartografía boliviana que reconoce el río Cajón, que era el nombre antiguo que tenía el Silala y nunca fue dudoso para nadie”, insistió y calificó de “muy relevante” el documento.
En 1997, el gobierno boliviano rescindió la concesión concedida en 1908 a una empresa de ferrocarriles chilena para el uso de los manantiales en sus locomotoras. En ese entonces, fueron canalizadas de forma artificial las aguas hacia territorio chileno y hasta hoy fluyen sin ningún tipo de compensación económica.
La administración de Michelle Bachelet demandó a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para reclamar derechos sobre el recurso en disputa bajo el criterio de que es parte de un río internacional. La Paz sostiene que son manantiales que nacen y mueren en territorio nacional, cantón Quetena Chico, del departamento de Potosí.
“Claramente no es la canalización que ha terminado vertiendo las aguas hacia Chile”, afirmó Piña en una entrevista concedida a la radioemisora chilena Duna.
“Tenemos cartografía de 1884, 30, 40 años antes de cualquier obra de canalización que da cuenta de que el río nace en Bolivia y atraviesa la frontera en una disposición geográfica que no ha cambiado a lo largo de los años”, sostuvo y consideró: “Ojo, para Bolivia, desde 1997, no es río, antes de eso lo fue”.
En el proceso por el Silala “lo jurídico viene por añadidura”, puesto que la esencia del litigio es su “naturaleza”, insistió.
El presidente Evo Morales informó en marzo del inicio de un juicio por el uso ilegal del recurso hídrico. Ambos países iniciaron negociaciones y llegaron a un preacuerdo a través del cual Chile asumió el compromiso de pagar por el 50% del uso hasta tanto se defina la propiedad del restante porcentaje; la negociación fracasó por la renuencia a hablar de la deuda histórica.
Ambos países están a la espera de la publicación de los plazos procesales que la CIJ fije y divulgue en su portal web. Santiago pidió un año para la presentación de la memoria, por lo que se haría efectiva en 2017. (01/07/2016)
